El pasado jueves 23 de marzo, el director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, ofreció una entrevista a Noticias Caracol en la que habló sobre la retención de los 79 policías en San Vicente del Caguán, ocurrida a principios de marzo, y reveló detalles que hasta el momento no habían salido a la luz.
Según las declaraciones del general, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se vio obligado a tomar dos decisiones clave para garantizar la liberación de los uniformados: entregarse a cambio de los policías y modificar lo establecido en el protocolo de entrega. Los secuestradores habían requerido la presencia del presidente, Gustavo Petro, para poder dejar salir a los uniformados, pero ante la imposibilidad de cumplir con esta petición, el ministro Prada optó por ofrecerse a sí mismo como garante.
El director de la Policía Nacional explicó que, si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, los policías no serían entregados. Por tanto, fue necesario catalogar el acto de retención no como secuestro, sino como un “cerco humanitario” para lograr la liberación de los uniformados. De lo contrario, los secuestradores planeaban sacarlos por vía fluvial, en tres grupos.
Según el general Sanabria, todo se logró al final gracias a la buena gestión que hubo de parte del Estado, de lo contrario, no hubiesen podido lograrlo. “Hubo riesgos que, desde el Gobierno, asumieron como propios para poder lograr la liberación de los policías”, aseguró.
El director de la Policía Nacional también ofreció una breve cronología de cómo ocurrieron los hechos en los que el ministro del Interior tuvo que terminar haciendo un “canje” por la libertad de los casi 80 uniformados secuestrados.
- El 8 de diciembre de 2021, la empresa Esmerald Energy solicitó el apoyo del Ejército Nacional porque temían ser atacados por manifestantes mientras eran custodiados por una base militar.
- El 19 de febrero de 2022, la Policía envió un grupo especial antidisturbios para garantizar la seguridad de los soldados y la empresa.
- El 2 de marzo de 2022, la Policía tenía previsto retirar a los uniformados del sitio, pero un ataque ocurrido hacia las 5:00 de la mañana impidió que pudieran hacerlo.
- El apoyo para rescatar a los uniformados llegó desde Villa Garzón y se instalaron en la base militar, pero los secuestradores amenazaron y enviaron a un policía de la Policía Nacional a advertir que si salían, matarían a siete policías, por lo que ese apoyo no pasó la calle, que son 50 metros.
- Los secuestradores requerían la presencia del presidente, Gustavo Petro, para poder dejar salir a los uniformados, pero ante la imposibilidad de cumplir con esta petición, el ministro del Interior, Alfonso Prada, optó por ofrecerse a sí mismo como garante.
- Según el general Sanabria, si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra "secuestro", los policías no serían entregados. Por tanto, fue necesario catalogar el acto de retención no como secuestro, sino como un "cerco humanitario" para lograr la liberación de los uniformados. De lo contrario, los secuestradores planeaban sacarlos por vía fluvial, en tres grupos.
- El ministro Prada se entregó en el sitio de retención a cambio de la liberación de los policías, logrando la misión sin ninguna herida.
Le puede interesar► Contratación de abogados internacionales para defender omisión de oficiales de policía: ¿garantía de justicia o de impunidad?
Las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, han puesto en entredicho la actuación del Gobierno Nacional en el caso de la retención de los 79 policías en San Vicente del Caguán. Es preocupante que la defensa de los actores violentos de la sociedad civil, que utilizan el terror, el asesinato y la destrucción, haya puesto en jaque al Estado y haya logrado que se tuviera que modificar el protocolo de entrega para poder liberar a los uniformados. A pesar de esto, se reconoce la buena gestión del Gobierno para lograr la liberación de los policías y se espera que se tomen medidas para evitar futuros casos como este en los que se ponga en riesgo la seguridad de las fuerzas del orden y se ceda ante la presión de grupos violentos. La seguridad del país y de sus ciudadanos debe ser siempre la prioridad del Estado.
