Colombia - El presidente firmó el Decreto 0159 mediante el cual mantiene el aumento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente para 2026, en medio de una movilización convocada en defensa del denominado salario mínimo vital y tras la suspensión provisional que había ordenado el Consejo de Estado para que la medida fuera sustentada con criterios técnicos adicionales.
La decisión se produjo ante una concentración ciudadana en la Plaza de Bolívar de Bogotá, escenario en el que el mandatario defendió la validez jurídica del incremento y aseguró que el nuevo acto administrativo responde a los requerimientos formulados por el alto tribunal. Con la firma del decreto, el Gobierno busca garantizar la continuidad del ajuste salarial mientras avanza el trámite judicial.
El Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 sustituye el acto anterior que había sido objeto de suspensión provisional. El Consejo de Estado no anuló el incremento, pero sí ordenó que se presentaran argumentos técnicos y constitucionales más detallados que justificaran el porcentaje adoptado. En respuesta, el Ejecutivo expidió un nuevo documento con la motivación reforzada.
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Según lo expuesto por el Gobierno, el aumento del 23,7 % fue definido con base en variables económicas y en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores que devengan el salario mínimo. El Ejecutivo sostuvo que el ajuste busca responder al costo de vida y a las condiciones sociales actuales, en un contexto de debate nacional sobre ingresos laborales y capacidad de compra.
La movilización que acompañó la firma del decreto fue presentada como una expresión de respaldo al mantenimiento del incremento. Desde la tarima instalada en la Plaza de Bolívar, el presidente señaló que la decisión pretende garantizar un ingreso que considere condiciones de dignidad para los trabajadores formales que reciben el mínimo legal.
El ministro de Trabajo respaldó públicamente la medida y afirmó que el nuevo decreto atiende los parámetros jurídicos exigidos. Indicó que la sustentación incluye elementos técnicos orientados a demostrar la viabilidad del incremento dentro del marco constitucional. También señaló que el ajuste puede tener efectos en la dinámica económica interna, particularmente en el consumo de los hogares.
El episodio se produce en medio de un debate jurídico y político sobre los alcances de la potestad del Ejecutivo para fijar el salario mínimo cuando no existe acuerdo entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación. La intervención del Consejo de Estado introdujo un nuevo capítulo en la discusión, al requerir una motivación más robusta sin suprimir de manera definitiva el aumento.
Desde distintos sectores se ha seguido con atención el trámite del decreto, debido a sus posibles implicaciones en costos laborales, empleo formal e inflación. Aunque el Gobierno insiste en que el nuevo acto administrativo cumple con los requisitos legales, el proceso judicial continúa su curso y será el alto tribunal el que adopte una decisión de fondo.
En el plano institucional, la firma del Decreto 0159 busca dar continuidad jurídica al incremento mientras se resuelve la controversia. El Ejecutivo defendió que actuó dentro de sus competencias y que el ajuste salarial responde a la obligación de proteger el ingreso de quienes perciben el mínimo.
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La jornada estuvo acompañada por una concentración en la Plaza de Bolívar, en el marco de la convocatoria en defensa del salario mínimo.
El salario mínimo legal vigente es una referencia clave para millones de trabajadores en el país y sirve además como base para otros cálculos económicos y contractuales. Por esa razón, cualquier modificación o controversia jurídica alrededor de su incremento genera impacto nacional.
Mientras avanza el análisis judicial, el nuevo decreto permanece vigente. El Consejo de Estado deberá evaluar si la motivación presentada cumple con los estándares exigidos y si el porcentaje del 23,7 % se ajusta plenamente al marco normativo.
El debate sobre el salario mínimo se mantiene como uno de los ejes centrales de la agenda económica y laboral. Con la firma del Decreto 0159, el Gobierno ratifica su decisión de sostener el incremento, a la espera de la determinación definitiva del alto tribunal.
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