Colombia - La revelación pública de fragmentos de la historia clínica de Kevin Arley Acosta por parte del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de controversia nacional, esta vez centrado en la confidencialidad médica y en los límites de la defensa política en un caso que involucra a un menor fallecido.
Durante un Consejo de Ministros, el mandatario leyó apartes de lo que identificó como el expediente clínico del niño, diagnosticado con hemofilia A severa y fallecido tras un trauma craneoencefálico. En su intervención aseguró que existía un documento en el que constaba que la madre no aceptó una intervención quirúrgica sugerida por los médicos después de la caída en bicicleta que agravó su estado de salud.
El presidente utilizó esa información para responder a los cuestionamientos que atribuyen al sistema de salud y a la intervención estatal de Nueva EPS una responsabilidad directa en el desenlace. Según su exposición, el expediente médico evidenciaría que hubo decisiones clínicas y familiares que también deben ser consideradas dentro del análisis de lo ocurrido.
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La divulgación de datos clínicos de un menor fallecido generó reacciones inmediatas en sectores médicos, jurídicos y académicos. En Colombia, la historia clínica está protegida por reserva legal y su confidencialidad constituye un principio esencial del ejercicio médico. Esa protección se mantiene incluso después del fallecimiento del paciente.
Especialistas en derecho sanitario recordaron que la información contenida en una historia clínica solo puede ser conocida por el paciente, sus representantes legales y las autoridades competentes en el marco de una investigación formal. La exposición pública de detalles médicos, señalaron, abre un debate sobre el alcance de esa reserva cuando la información es utilizada en escenarios políticos.
En su intervención, el jefe de Estado describió signos clínicos asociados al trauma sufrido por el menor y reiteró que la caída en bicicleta influyó en el desenlace. También indicó que el documento leído le fue remitido por el ministro de Salud como parte del seguimiento al caso.
El punto más controvertido fue la referencia a la supuesta no aceptación de una cirugía. Petro afirmó que en el expediente constaba la decisión de la madre de no autorizar el procedimiento planteado tras el accidente. No obstante, también señaló que no puede determinar si esa decisión fue acertada o no.
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El menor fue atendido inicialmente en un hospital del Huila tras la caída, centro que no contaba con condiciones médico-científicas para realizar una cirugía de alta complejidad. Ese centro asistencial no contaba con condiciones médico-científicas para realizar una cirugía de alta complejidad, por lo que la alternativa era gestionar su traslado a una institución de mayor nivel.
La intervención quirúrgica mencionada no correspondía al tratamiento estándar de la hemofilia, sino a una opción frente al trauma craneoencefálico. En contextos de hemofilia severa, cualquier procedimiento invasivo implica riesgos adicionales si el paciente no cuenta con el medicamento profiláctico que facilita la coagulación.
El traslado del menor se realizó posteriormente hacia un hospital de mayor complejidad en Bogotá. Para ese momento, según los reportes conocidos, el cuadro clínico ya presentaba deterioro significativo.
El debate de fondo se concentra ahora en dos planos distintos pero conectados: por un lado, la responsabilidad en la cadena de atención médica y suministro de medicamentos; por otro, la legalidad y conveniencia de divulgar información protegida en un escenario público.
Organizaciones médicas han señalado que el principio de confidencialidad es un pilar del sistema de salud y que su vulneración puede afectar la confianza entre pacientes y profesionales. Desde el ámbito político, en cambio, la defensa presidencial sostiene que la información fue presentada para ofrecer una versión completa frente a las acusaciones formuladas contra el Gobierno.
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La controversia se suma a la tensión generada previamente por las declaraciones del propio mandatario y del ministro de Salud sobre la prevención en pacientes con hemofilia. En este nuevo episodio, el foco ya no está únicamente en la discusión sobre responsabilidades médicas o familiares, sino en la exposición pública de datos sensibles de un menor.
Mientras tanto, expertos en derecho constitucional advierten que cualquier posible irregularidad en el manejo de la historia clínica debería ser evaluada por los órganos de control y, de ser el caso, por las instancias disciplinarias correspondientes.
El caso de Kevin Arley Acosta continúa así escalando desde el ámbito sanitario hacia un debate institucional más amplio, en el que confluyen responsabilidades médicas, decisiones familiares, gestión administrativa y ahora la protección de la reserva clínica.
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