Colombia - Un estudio de la Contraloría General de la República advirtió que solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible y que la mayoría depende de manera estructural de los aportes del Estado para sostener su operación. El informe concluye que el sistema universitario público enfrenta una desfinanciación estructural que compromete su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Los resultados hacen parte del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. El análisis evalúa la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el Sistema Universitario Estatal (SUE), incorporando cifras históricas que, según el organismo de control, se ponen por primera vez a disposición para un examen integral del sistema.
De acuerdo con el informe, el 50,1 % de los ingresos que perciben las universidades públicas proviene de aportes nacionales, una estructura que restringe la planificación financiera de largo plazo y profundiza las brechas regionales. El estudio señala que el 97 % de las instituciones analizadas no logra sostener su operación con recursos autogenerados, lo que evidencia una alta dependencia del financiamiento público.
El análisis de la distribución de los recursos muestra una fuerte concentración en un reducido grupo de universidades con mayor cobertura académica y volumen de matrícula. En particular, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial. Esta estructura distributiva, advierte la Contraloría, incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales.
Las diferencias también se reflejan en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional de Colombia registra ingresos por estudiante de $11.426.139, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia alcanza $525.777, frente a un promedio nacional de $4.512.090 para el período 2019-2024. Estas brechas, según el estudio, evidencian desigualdades significativas en la asignación de recursos dentro del sistema.
En materia de gasto, el informe confirma que las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del gasto total. En el orden nacional, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos del sistema, mientras que en el nivel territorial la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos. Este patrón confirma el elevado peso financiero que recae sobre las instituciones con mayor cobertura y responsabilidades misionales.
El estudio también evaluó indicadores de solvencia y endeudamiento. Los resultados muestran que el 75,8 % de las instituciones de educación superior analizadas, equivalente a 25 universidades, presenta indicadores de solvencia iguales o superiores a 3, lo que evidencia una adecuada capacidad para respaldar sus obligaciones financieras. Sin embargo, el 24,2 % restante, correspondiente a ocho instituciones, registra niveles de solvencia inferiores a 3, lo que da cuenta de una menor capacidad de cobertura de sus compromisos y márgenes de maniobra financiera limitados.
En cuanto al endeudamiento, el informe indica que el 24,2 % de las universidades mantiene niveles inferiores al 10 %, lo que es interpretado como una gestión prudente del apalancamiento financiero. No obstante, estos resultados positivos no logran compensar las presiones estructurales que enfrenta el sistema.
Uno de los principales factores de riesgo identificados es el pasivo pensional. La Contraloría confirmó que el pasivo pensional del sistema universitario público asciende a $10,3 billones en 2024, una cifra preliminar que podría incrementarse ante la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades. Este pasivo se encuentra altamente concentrado en dos instituciones: la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que en conjunto representan el 57,8 % del total del pasivo pensional del SUE.
Según el organismo de control, esta carga estructural desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura, limita el crecimiento institucional y respalda la hipótesis de una menor capacidad de expansión de las universidades públicas. El informe señala que el pasivo pensional continúa siendo uno de los factores de mayor presión para la sostenibilidad financiera, especialmente en las instituciones con menor capacidad de generación de ingresos propios.
De manera complementaria, una consulta atendida por 31 universidades públicas reforzó los hallazgos cuantitativos del estudio. Las instituciones señalaron problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para incrementar los ingresos propios. En este contexto, coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer las alianzas y la cooperación interinstitucional.
El informe también analiza el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992 y fue aprobado en cuarto debate, quedando pendiente de sanción presidencial. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036, al incorporar el costo total de mantener la base de $0,7 billones destinada a las Instituciones Técnicas.
Si bien el organismo de control reconoce que el proyecto avanza hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la OCDE, advierte que cualquier incremento de recursos debe estar respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en el largo plazo.
En sus conclusiones, la Contraloría General de la República señala que, pese a los avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, persisten brechas significativas, desigualdades en la asignación de recursos y desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios. En este escenario, el organismo plantea la necesidad de revisar el modelo de financiación vigente y definir la ruta que debe asumir el Estado colombiano para garantizar la estabilidad del sistema universitario público.
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