Colombia - El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se elimina la prima especial de servicios que hacía parte del esquema de remuneración de los congresistas. La decisión, de carácter administrativo, reduce uno de los componentes salariales adicionales que recibían los miembros del Congreso de la República y entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026, con el inicio de la próxima legislatura.
La norma establece que la prima especial, incorporada durante años al régimen salarial de los congresistas, dejará de reconocerse como factor de pago mensual. De acuerdo con la información divulgada por el Ejecutivo y recogida por distintos medios nacionales, dicho componente representaba entre 15 y 17 millones de pesos mensuales dentro del ingreso total que percibían senadores y representantes a la Cámara.
El decreto fue tramitado a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y firmado por el Presidente de la República y el ministro del ramo, como parte de las facultades del Gobierno para fijar el régimen salarial de los servidores públicos de alto nivel. La medida no modifica el salario básico de los congresistas ni otros componentes establecidos por ley, sino que elimina un ingreso adicional que había sido objeto de debate público durante los últimos años.
Según lo establecido en el texto normativo, la entrada en vigencia fue diferida hasta el 20 de julio de 2026 con el fin de que la aplicación de la medida coincida con el inicio de una nueva legislatura. Con ello, el Gobierno evita efectos retroactivos y garantiza que el ajuste se implemente de manera uniforme para todos los integrantes del Congreso que asuman funciones en el siguiente periodo.
La eliminación de la prima especial se da en un contexto de revisión del gasto público y de anuncios oficiales orientados a la austeridad en el manejo de los recursos del Estado. En sus considerandos, el decreto señala la necesidad de ajustar los componentes salariales de ciertos cargos de elección popular, en coherencia con la política fiscal y con el marco general de remuneraciones del sector público.
Diversos analistas han señalado que, aunque el ingreso total de los congresistas seguirá estando entre los más altos del sector público, la supresión de este componente representa una reducción significativa frente a los montos que venían recibiendo mensualmente. La prima especial había sido cuestionada por no estar ligada a productividad o desempeño y por su impacto en la percepción ciudadana sobre los privilegios de la clase política.
Desde el Gobierno se ha insistido en que la medida tiene un carácter institucional y no sancionatorio, y que responde a criterios de racionalización del gasto. En ese sentido, el decreto no introduce distinciones entre partidos ni entre cámaras, y se aplica de manera general a todos los miembros del Congreso a partir de la fecha establecida.
La decisión también ha generado reacciones en el ámbito político. Algunos sectores consideran que la eliminación de la prima es un gesto simbólico frente a la opinión pública, mientras que otros sostienen que el debate de fondo debería centrarse en una reforma integral al régimen salarial de los altos funcionarios del Estado. No obstante, el decreto se limita exclusivamente a suprimir este componente específico de la remuneración.
En términos legales, el Gobierno sustentó la expedición del decreto en las competencias que le otorga la Constitución para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, dentro de los límites definidos por el Congreso. Al tratarse de un ajuste a un factor salarial y no al salario base, la medida no requiere trámite legislativo previo.
Con la expedición del Decreto 0030 de 2026, el Ejecutivo introduce un cambio concreto en la estructura de ingresos de los congresistas, que comenzará a reflejarse a partir de la próxima legislatura. El impacto fiscal agregado de la decisión no fue detallado en el texto normativo, pero el Gobierno la presenta como parte de un paquete más amplio de control del gasto y revisión de beneficios en el sector público.
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