Colombia - El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, abrió un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el acceso oportuno a medicamentos y la responsabilidad de las EPS en la continuidad de tratamientos de alto costo.
El menor murió el 13 de febrero en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de que su estado de salud se agravara tras un accidente en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico. Su condición clínica, asociada a un trastorno hemorrágico de base, exigía controles estrictos y la aplicación periódica de un medicamento específico para prevenir complicaciones.
De acuerdo con lo denunciado por su familia, la última dosis del tratamiento fue suministrada en diciembre. La administración debía realizarse cada 28 días. Según la madre del niño, Katherine Pico, durante semanas enfrentó trámites, autorizaciones pendientes y demoras que impidieron el acceso oportuno al medicamento.
Kevin estaba afiliado a Nueva EPS. La entidad fue intervenida por el Gobierno nacional hace dos años y actualmente se encuentra bajo control administrativo del Estado, en el marco de las medidas adoptadas durante la administración del presidente Gustavo Petro. En medio de ese proceso de intervención y ajustes dentro del sistema de salud, la familia sostiene que la falta de continuidad en el tratamiento dejó al menor en una situación de vulnerabilidad frente a cualquier evento traumático.
La hemofilia A severa es una enfermedad genética que impide la correcta coagulación de la sangre. En estos casos, la ausencia del factor de coagulación adecuado puede desencadenar hemorragias internas espontáneas o agravar lesiones que, en otras personas, tendrían menor impacto clínico. Por ello, la regularidad en la aplicación del medicamento es determinante.
Tras el accidente en bicicleta, el niño fue trasladado a un centro asistencial en el que recibió atención especializada. Sin embargo, las complicaciones derivadas del trauma y su condición de base llevaron a su ingreso en cuidados intensivos, donde finalmente falleció.
El caso generó pronunciamientos desde el Gobierno nacional. En el marco de un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hicieron referencia a la situación y señalaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido. Desde el Ejecutivo se mencionó el accidente como detonante del desenlace y se insistió en que las autoridades competentes deben investigar si existieron fallas en la prestación del servicio.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció. La entidad indicó que el menor habría enfrentado barreras en el acceso a medicamentos y en la continuidad del tratamiento, y pidió revisar las responsabilidades de los actores que integran el sistema de salud. El organismo recordó que la garantía del derecho fundamental a la salud implica asegurar tratamientos sin interrupciones, especialmente en enfermedades de alto riesgo.
El fallecimiento de Kevin se produce en un momento de tensión por la reforma al sistema de salud y por las dificultades reportadas en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país. Pacientes con enfermedades huérfanas y patologías crónicas han denunciado retrasos, cambios de proveedores y trámites que prolongan la autorización de insumos esenciales.
Expertos en salud pública han advertido que, en patologías como la hemofilia severa, la interrupción del tratamiento aumenta significativamente el riesgo de hemorragias graves ante cualquier golpe o caída. La continuidad terapéutica no solo reduce complicaciones, sino que también disminuye la probabilidad de hospitalizaciones prolongadas.
La madre del menor reiteró que durante semanas buscó soluciones ante la EPS y solicitó el suministro del medicamento requerido. Sus declaraciones han sido replicadas en distintos medios y redes sociales, donde ciudadanos han expresado preocupación por la situación de otros pacientes en condiciones similares.
En paralelo, organizaciones de pacientes han pedido una revisión estructural de los mecanismos de autorización y entrega de medicamentos de alto costo. Señalan que los tiempos administrativos no pueden superar los ciclos clínicos definidos por los especialistas, pues cualquier retraso puede traducirse en consecuencias irreversibles.
Mientras avanzan las indagaciones, el caso se convierte en un nuevo punto de referencia en la discusión sobre la eficiencia, la supervisión y la financiación del sistema de salud en Colombia. El debate incluye la responsabilidad de las EPS, los mecanismos de intervención estatal y la articulación entre hospitales, aseguradores y proveedores farmacéuticos.
El Ministerio de Salud ha reiterado que corresponde a los entes de control establecer si hubo incumplimientos contractuales o fallas en la entrega del tratamiento. De confirmarse irregularidades, podrían derivarse sanciones administrativas o medidas correctivas.
La muerte de Kevin Arley Acosta deja interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar continuidad en terapias críticas y sobre la coordinación entre aseguradores y prestadores cuando se trata de enfermedades de alta complejidad. En medio del dolor de su familia, el caso se instala como un referente dentro del debate nacional sobre acceso a medicamentos y protección efectiva del derecho a la salud.
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