Colombia - El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al admitir varias demandas de nulidad que cuestionan la legalidad del procedimiento adoptado por el Gobierno Nacional.
La decisión se adopta como medida cautelar mientras el alto tribunal estudia de fondo los recursos presentados contra el Decreto 1469 de 2025, norma que estableció el incremento del salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el próximo año. Con la suspensión, el aumento no podrá aplicarse hasta que exista un fallo definitivo.
ÚLTIMA HORA | El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el aumento del salario mínimo 2026 decretado por el Gobierno Nacional
La decisión frena los efectos del Decreto mientras el alto tribunal estudia demandas que cuestionan su legalidad#SalarioMínimo #ConsejoDeEstado— Redprensa | Portal de Noticias (@Redprensacol) February 13, 2026
La determinación implica un freno inmediato a la ejecución del decreto, lo que abre un escenario de revisión jurídica sobre la forma en que se fijó el incremento. La medida no constituye una sentencia definitiva, sino una actuación preventiva destinada a evitar efectos que, según los demandantes, podrían resultar contrarios al ordenamiento jurídico mientras se surte el proceso.
El Decreto 1469 de 2025 había establecido un incremento del salario mínimo para 2026 tras no lograrse consenso en la mesa de concertación. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el acto administrativo correspondiente, en el que definió el porcentaje de aumento y los valores aplicables tanto al salario como al auxilio de transporte.
Las demandas admitidas sostienen que en el trámite de expedición del decreto podrían haberse presentado inconsistencias relacionadas con la sustentación técnica del incremento y la valoración de variables económicas exigidas por la normativa vigente. Entre los argumentos expuestos se encuentran presuntas fallas en la motivación del acto administrativo y cuestionamientos sobre el análisis de impacto.
Al decretar la suspensión provisional, el Consejo de Estado consideró necesario detener temporalmente los efectos del aumento mientras examina los cargos formulados. Esta figura jurídica está prevista para evitar que una decisión administrativa produzca consecuencias que luego resulten difíciles de revertir en caso de prosperar la nulidad.
En términos prácticos, la medida genera efectos inmediatos en el ámbito laboral y empresarial. Las empresas que ya hubiesen ajustado sus nóminas con base en el nuevo salario mínimo deberán revisar los procedimientos aplicados, a la espera de claridad jurídica. También podrían verse impactados los cálculos asociados a seguridad social, aportes parafiscales, multas y otros valores indexados al salario mínimo.
El alcance de la suspensión se circunscribe exclusivamente al decreto cuestionado. No implica, por ahora, una definición sobre el monto que regirá finalmente para 2026, ni establece una cifra alternativa. El escenario queda condicionado a la decisión de fondo que adopte la Sección competente del alto tribunal.
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Desde el punto de vista económico, la incertidumbre jurídica introduce un elemento adicional en la planeación financiera de empresas y trabajadores. El salario mínimo constituye una referencia clave para múltiples actividades contractuales y obligaciones legales, por lo que cualquier variación en su vigencia tiene efectos transversales.
El proceso ante el Consejo de Estado continuará con el análisis detallado de los argumentos expuestos en las demandas, así como con la evaluación de las pruebas y conceptos técnicos que se alleguen al expediente. Solo tras ese estudio integral se emitirá una sentencia que defina si el decreto se ajusta o no a derecho.
Mientras tanto, la medida cautelar mantiene en suspenso la aplicación del incremento para 2026. El desenlace dependerá del pronunciamiento definitivo del alto tribunal, que deberá determinar la validez del procedimiento seguido por el Gobierno Nacional en la fijación del salario mínimo.
La evolución del proceso será determinante para establecer el marco jurídico que regirá el ingreso base de millones de trabajadores en el país durante el próximo año. Hasta que exista una decisión final, el aumento decretado permanece suspendido.
