El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado controversia al anunciar que contratará a los mejores abogados internacionales para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia. Esto surge en el contexto de su declaración de asumir la responsabilidad de los hechos ocurridos en Los Pozos, Caquetá, en los que resultaron secuestrados 79 policías el pasado 2 de marzo.
Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2023
El mandatario declaró que responderá por el oficial ya que solo estaba cumpliendo con sus órdenes, y reiteró su compromiso con los derechos humanos y su deseo de evitar el bombardeo de niños, los falsos positivos o las masacres de manifestantes, lo que va en contravía de la defensa de la patria y sus servidores.
Como jefe de las fuerzas militares, el presidente de Colombia tiene la responsabilidad de garantizar que la Constitución sea respetada en todo momento y que el gobierno tenga el monopolio del uso de la fuerza y las armas para mantener la seguridad, la democracia y la Constitución de todos los ciudadanos. En este contexto, es inaceptable que actores violentos de la comunidad humillen constantemente a nuestra fuerza pública. La humillación de las fuerzas armadas es un acto de debilidad del gobierno y de la democracia, y no puede permitirse en ninguna circunstancia. El presidente de Colombia debe tomar medidas efectivas para garantizar que los actores violentos sean tratados con la fuerza necesaria para preservar el orden público y proteger a la población civil.
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El presidente Petro ha declarado que contratará a los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia. Según analistas de seguridad y gobierno han manifestado que si bien es importante garantizar que los derechos humanos sean protegidos en todo momento, es importante que el presidente de Colombia entienda que el respeto a la Constitución es la base de la estabilidad y la seguridad del país. El gobierno debe ser el único encargado de mantener el orden y proteger a los ciudadanos, y cualquier interferencia externa en esta tarea es inaceptable. Los actores violentos deben ser perseguidos y castigados de acuerdo con la ley, y la fuerza pública debe tener todo el apoyo necesario para realizar esta tarea.
Miembros de organizaciones de juristas argumentan que la contratación de abogados internacionales es innecesaria y podría ser vista como una admisión de que el crimen paga
En cualquier caso, es importante que el presidente Petro tome medidas efectivas para garantizar que la Constitución sea respetada en todo momento y que la fuerza pública sea protegida y respetada. El gobierno debe tener el control y la autoridad para tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, y cualquier interferencia externa en esta tarea debe ser rechazada. Además, es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en Los Pozos y que se tomen medidas concretas para prevenir futuros incidentes similares. Esto incluye la implementación de políticas y prácticas que promuevan el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, así como la capacitación adecuada para asegurar que se cumplan los protocolos y procedimientos establecidos.
