Barranquilla — La Alcaldía distrital expresó sorpresa por el anuncio del traslado de los líderes de las bandas Costeños y Pepes a la ciudad para instalar una mesa de diálogo sociojurídico, una decisión que, según el gobierno local, se tomó sin coordinación previa y abre interrogantes inmediatos sobre la seguridad urbana, el control penitenciario y la prevención de delitos desde los centros de reclusión.
El pronunciamiento oficial llegó luego de conocerse que en los próximos días serían trasladados a Barranquilla los cabecillas de ambas estructuras criminales, con el objetivo de iniciar un proceso de conversaciones de carácter sociojurídico. Para la Administración distrital, el anuncio no solo tomó por sorpresa a las autoridades locales, sino que dejó en evidencia la ausencia de una articulación técnica que consideran clave cuando se trata de personas con alto perfil delictivo.
Desde el Distrito, el mensaje no fue de oposición frontal a los esfuerzos de paz. Por el contrario, el comunicado deja claro que la Alcaldía ha respaldado las iniciativas de este y de anteriores gobiernos para buscar salidas negociadas a conflictos armados urbanos. Sin embargo, el documento insiste en que ese respaldo no exime la necesidad de planificar con rigor cada movimiento que implique riesgos directos para la seguridad ciudadana.
En ese punto, la preocupación central gira alrededor del sistema penitenciario local. La Alcaldía advierte que, sin un esquema sólido de control y vigilancia, las cárceles de la ciudad podrían convertirse en centros de mando criminal, un escenario que ya ha sido documentado en otros territorios del país. La advertencia no es retórica: el comunicado plantea que una mesa de diálogo mal estructurada podría terminar fortaleciendo la ilegalidad en lugar de contenerla.
Advertencia institucional por seguridad y control carcelario
El texto oficial subraya que, dada la trayectoria criminal de las personas que serían trasladadas, hubiera sido “importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”. Esa coordinación, según la Alcaldía, permitiría evaluar con antelación los posibles efectos del traslado y diseñar medidas concretas para blindar la seguridad en los barrios y al interior de los establecimientos penitenciarios.
La mención explícita al fortalecimiento penitenciario no es un detalle menor. Para las autoridades locales, cualquier traslado de alto impacto debe ir acompañado de protocolos que impidan que los internos mantengan control sobre redes criminales externas. En su comunicado, el Distrito advierte que sin esas garantías existe el riesgo de que las cárceles de Barranquilla se transformen en nodos de dirección del delito.
El documento también plantea una inquietud jurídica de fondo: que la mesa de diálogo sociojurídico, concebida como un espacio para desactivar violencias, termine convertida en un escenario que legitime prácticas ilegales o fortalezca estructuras criminales. La Alcaldía no cuestiona la figura del diálogo en sí, pero sí la falta de una arquitectura institucional que blinde el proceso frente a desviaciones.
En esa línea, el Distrito hace un llamado directo a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales. La petición apunta a crear un sistema de alerta temprana que permita anticipar o reaccionar de manera inmediata ante cualquier alteración de la convivencia o de la seguridad pública.
Coordinación interinstitucional en el centro del debate
Más allá de la reacción inicial, el texto de la Alcaldía pone en el centro del debate la relación entre los niveles de gobierno cuando se trata de decisiones con efectos judiciales y de seguridad. La falta de coordinación previa, según el Distrito, no solo limita la capacidad de respuesta local, sino que expone a la ciudad a escenarios de riesgo que pudieron haberse mitigado con una planificación compartida.
“La Alcaldía del Distrito de Barranquilla recibe con sorpresa la noticia de que en los próximos días serán trasladados a la ciudad los líderes de las organizaciones criminales Costeños y Pepes con el fin de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico”, señala el comunicado oficial, que se convirtió en la base del pronunciamiento institucional frente a la medida.
En otro apartado, la Administración insiste en que su respaldo a los esfuerzos de paz no es una concesión automática a cualquier decisión. “Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, precisa el documento.
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La preocupación por el control carcelario se expresa en términos directos. “…con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, advierte la Alcaldía, al señalar los riesgos que, a su juicio, no fueron suficientemente evaluados antes de anunciar el traslado.
El llamado a la articulación institucional se extiende a los organismos de inteligencia y a las instancias nacionales encargadas de los procesos de paz. “Desde el Distrito hacemos un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales”, señala el texto.
La razón de fondo, según la Administración local, es contar con la capacidad de anticipar escenarios de crisis. “…con el fin de anticipar y/o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes del Distrito y de las elecciones de Congreso y Presidencia”, agrega el comunicado, conectando la discusión penitenciaria con el calendario político nacional.
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