Este sábado la Superintendencia de Sociedades dio a conocer la noticia de que Emilio Tapia Aldana y Hugo Armando Canabal Hoyos han sido declarados como controlantes de sociedades de Centros Poblados, y se les ha impuesto multas por no revelar su condición en el registro mercantil. Tapia ha sido multado con $232 millones y Canabal con $116 millones.
La decisión se enmarca en el escándalo del contrato de Centros Poblados para llevar internet a zonas apartadas del país, en la época de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, que terminó con la pérdida de cerca de 70 mil millones de pesos. La Superintendencia de Sociedades ha declarado a Tapia como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y Omega Buildings Constructura S.A.S. en Liquidación Judicial, mientras que a Canabal se le ha declarado como controlante de Intec de la Costa S.A.S. en Liquidación Judicial.
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Estas decisiones se adoptaron después de los correspondientes procesos administrativos sancionatorios que venía adelantando la entidad en contra de los responsables de dicho contrato. La declaratoria de control es importante para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, según el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
Los afectados podrán solicitar el levantamiento del velo corporativo mediante las acciones contempladas en la Ley, y los investigados tienen la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación. Es importante mencionar que la Unión Temporal en la que Tapia y Canabal estaban involucrados participó en un caso de corrupción que involucró la desviación de 70.000 millones de pesos destinados a llevar internet a zonas rurales del país.
Al respecto, Emilio Tapia Aldana declaró a través de sus abogados que respetará la decisión de la Superintendencia de Sociedades y que está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para solucionar la situación. Por otro lado, Hugo Armando Canabal Hoyos ha rechazado las acusaciones en su contra y ha asegurado que apelará la decisión.
La Superintendencia de Sociedades ha dejado claro que la declaratoria de control es una medida importante para garantizar que los responsables de las sociedades en liquidación judicial asuman su responsabilidad en el caso de que se presenten situaciones irregulares. La entidad ha invitado a los afectados a hacer uso de los mecanismos establecidos en la Ley para solicitar el levantamiento del velo corporativo y hacer valer sus derechos.
