Colombia - El Gobierno Nacional mantendrá el incremento del 23,7 % en el salario mínimo dentro del decreto transitorio que deberá expedir tras la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por parte del Consejo de Estado, decisión que mantiene en expectativa a trabajadores, empresarios y gremios económicos del país.
La determinación fue ratificada este lunes 16 de febrero durante la Comisión de Concertación Extraordinaria convocada por el Ejecutivo, en la que participaron representantes de las centrales obreras, del sector empresarial y delegados del Gobierno. Tras cuatro horas de deliberación, la administración insistió en que la cifra no será modificada y que el aumento constituye un derecho adquirido por los trabajadores.
El Decreto 1469 de 2025, suspendido provisionalmente por el alto tribunal, fijaba el salario mínimo en 2.000.000 de pesos incluyendo el auxilio de transporte. La orden judicial obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto transitorio mientras se resuelve de fondo la controversia jurídica.
Desde el Ministerio de Hacienda, Germán Ávila sostuvo que revertir el incremento estaría en contravía del ordenamiento jurídico. “Para el gobierno, para buena parte del sector empresarial y obviamente para la totalidad del movimiento sindical representado en la mesa de concertación, el salario vital es ya un derecho adquirido por los trabajadores. Estamos convencidos de que reversar un derecho adquirido es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó.
En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el Ejecutivo cumplirá lo ordenado por el Consejo de Estado, pero acudirá a los recursos legales disponibles, entre ellos solicitudes de aclaración y recursos de súplica. Según explicó, el objetivo es garantizar seguridad jurídica sin retroceder en los derechos laborales.
Las centrales obreras respaldaron la permanencia del aumento. Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que el nuevo decreto debe expedirse en las mismas condiciones en que fue promulgado el 1469 en diciembre pasado, es decir, conservando el incremento del 23,7 %. Los sindicatos calificaron la medida como un derecho adquirido, legal y constitucional.
En contraste, el sector empresarial expresó reparos frente a la continuidad del porcentaje. Fenalco advirtió que mantener el incremento podría poner en riesgo cerca de 700.000 empleos en el país y afectar a más de un millón de microempresas. El gremio sostuvo que la discusión debe centrarse en el impacto real sobre el tejido productivo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
No obstante, los voceros empresariales aclararon que, en caso de que la decisión sea definitiva, la acogerán. Indicaron que la reunión permitió exponer distintos puntos de vista y evaluar cómo se verían afectados los actores económicos ante un eventual retroceso o ante la confirmación del aumento.
El ministro de Hacienda reconoció que la principal preocupación del Ejecutivo está relacionada con el efecto que el incremento pueda tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, señaló que se adelanta un paquete de medidas orientado a mitigar posibles afectaciones, entre ellas mecanismos como la inversión forzosa.
Ávila también cuestionó el reciente aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, al considerar que podría generar presiones inflacionarias en el corto plazo. Según explicó, el encarecimiento del crédito incrementa los costos de financiación del sector productivo, lo que eventualmente se traduce en mayores precios en el mercado.
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La mesa de concertación evidenció profundas diferencias entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales. Mientras los sindicatos defienden el incremento como un logro irrenunciable, los empresarios advierten sobre posibles impactos en el empleo y la sostenibilidad de las compañías.
Por ahora, el aumento del 23,7 % se mantiene vigente mientras avanzan los plazos para que el Ejecutivo cumpla con lo ordenado por el Consejo de Estado. El país permanece atento a la expedición del nuevo decreto transitorio, que definirá el marco jurídico bajo el cual se aplicará el salario mínimo en los próximos meses.
El escenario combina un debate jurídico en curso, presiones económicas y una discusión de fondo sobre la estabilidad laboral y el impacto en el aparato productivo. La definición oficial marcará la hoja de ruta para empleadores y trabajadores, en un contexto de tensiones entre protección de ingresos y sostenibilidad empresarial.
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