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Según lo prometido, Petro derogó el decreto que convocaba consulta popular tras la aprobación de la reforma laboral por el Congreso, que incorporó los puntos consultados en su articulado.
El Consejo de Estado admitió la demanda contra el Decreto 0639 de 2025 de la consulta popular y, como medida cautelar, suspendió sus efectos por falta de concepto previo favorable del Senado.
El presidente Gustavo Petro defendió en entrevista a CNN la legalidad de la consulta popular decretada el 11 de junio, citando la Constitución, la Ley 1757 de 2015 y un fallo judicial reciente.
Cuatro ministros del gobierno Petro no firmaron el decreto de consulta popular del 10 de junio. Las firmas fueron delegadas, lo que sugiere una estrategia para evitar riesgos legales.
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