Colombia – "Ministro que no firme, se va del gobierno". La advertencia del presidente Gustavo Petro fue clara, directa, y hecha pública el 7 de junio. Pero apenas tres días después, el decreto que convoca a una consulta popular fue expedido... con la firma ausente de cuatro ministros clave. Una jugada que muchos ya tildan de maniobra para evitar consecuencias penales y políticas.
El documento fue firmado el 10 de junio, justo tres días antes de que Eduardo Montealegre, designado como ministro de Justicia y principal defensor jurídico de la consulta, asuma oficialmente el cargo. ¿Por qué no esperarlo? ¿Por qué acelerar un decreto tan espinoso en medio de un gabinete dividido? La pregunta se repite en pasillos políticos y despachos jurídicos
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Quienes no estamparon su firma fueron Laura Sarabia (Canciller), Edwin Palma (Ministro de Minas y Energía), Lena Estrada (MinAmbiente) y el propio Montealegre. Pero el decreto sí lleva el respaldo formal de sus carteras, gracias a funcionarios encargados que firmaron en su lugar. Esto ha levantado sospechas sobre una estrategia calculada: respaldar la medida sin asumir riesgos personales.
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) ya anunció que denunciará penalmente por prevaricato a los ministros que sí firmaron. En ese contexto, la no firma de estos cuatro funcionarios se interpreta como una jugada quirúrgica para evitar ser incluidos en una eventual demanda si la Corte Constitucional tumba la consulta por contrariar la Carta Política.
La advertencia presidencial no era simbólica. El 7 de junio, desde su cuenta de X, Petro dejó claro que el respaldo ministerial al decreto era obligatorio. Para esa fecha, todos los ministros estaban en el país y no había razones logísticas para delegar funciones. Sin embargo, al momento de firmar, cuatro titulares habían cedido el bolígrafo. ¿Fueron cobardes o astutos?
Aunque la figura del encargado está prevista legalmente, su uso en una decisión de este calibre ha encendido alarmas. ¿Es un vacío legal aprovechado para blindarse ante futuras investigaciones? ¿O simplemente una muestra del desorden interno del Ejecutivo? Lo cierto es que, en este episodio, la desobediencia parece haber salido gratis.
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Especialmente llamativo es el caso de Montealegre. Su tesis jurídica es la que sustenta la consulta. Es él quien la ha defendido en debates, entrevistas y documentos técnicos. Pero al no estar oficialmente en funciones, su nombre no aparece entre los firmantes. En cambio, su sucesor aún en funciones fue quien firmó. Un gesto que alimenta la narrativa de que se prefirió correr antes que consultar.
El presidente Petro ha insistido en que la consulta es el camino para validar reformas estructurales ante el bloqueo del Congreso. Sin embargo, la ruta jurídica es incierta. La Corte aún no ha dado luz verde, y sectores académicos cuestionan su constitucionalidad. Mientras tanto, el decreto ya está firmado, pero bajo un velo de duda y sospecha.
Dentro del mismo gabinete hay tensión. La escena parece sacada de un thriller político: un presidente que lanza una amenaza pública, ministros que desobedecen sin castigo, y funcionarios de segundo nivel que terminan firmando por ellos. Todo esto, sin que nadie haya salido del cargo, al menos por ahora.
El episodio deja un mensaje: el poder se ejerce, pero también se esquiva. Y cuando se trata de blindarse ante eventuales responsabilidades penales, hasta los aliados más cercanos pueden dar un paso al costado... sin hacerlo del todo.
