Colombia – El presidente Gustavo Petro firmó este miércoles el decreto que convoca una consulta popular sobre reformas laborales, a pesar de que el Senado había emitido un concepto negativo frente a la iniciativa.
El Decreto 0788 de 2025, firmado el 12 de junio, fija el 6 de julio como fecha para que los colombianos respondan a 12 preguntas relacionadas con temas laborales, pensionales y de seguridad social. El Gobierno justificó la convocatoria bajo la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que le permite inaplicar normas que considere contrarias a la Constitución.
El presidente argumentó que la consulta popular busca una "democracia multicolor" donde las decisiones se tomen directamente desde el pueblo, no desde élites o partidos tradicionales. "Quien decide es el pueblo", señaló en la firma del decreto.
La decisión ha provocado una fuerte reacción de sectores políticos y de la sociedad civil que la consideran inconstitucional y un riesgo para el equilibrio entre poderes.
Varios constitucionalistas y congresistas, incluso cercanos al petrismo, alertaron que el presidente no puede inaplicar el concepto negativo del Senado sin alterar el orden institucional. "Esto no solo es un exceso de poder, es una agresión a la separación de poderes", dijo un senador del Partido Liberal.
La consulta había sido presentada en 2023 al Congreso, pero el Senado le dio un concepto desfavorable. A pesar de eso, el Gobierno decidió continuar el proceso y enviar el decreto a la Corte Constitucional, que deberá decidir si avala la convocatoria.
Diversos sectores han calificado el acto como un "ataque a la institucionalidad". Cuestionan que el presidente ignore la voluntad expresa del Congreso y busque imponer su agenda mediante mecanismos extraordinarios. "Estamos ante un Gobierno que se salta las reglas", indicó un dirigente gremial.
La organización de la consulta estará a cargo de la Registraduría Nacional, que deberá garantizar la votación en todo el país. Según estimaciones preliminares, el proceso podría costarle al Estado cerca de un billón de pesos. Hasta ahora, no se ha informado de dónde saldrán los recursos.
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Desde la expedición del decreto y hasta el 6 de agosto podrán realizarse campañas pedagógicas o proselitistas a favor, en contra o por la abstención. El Ministerio del Interior y las entidades territoriales podrán participar en la difusión del contenido.
Las preguntas de la consulta también incluyen propuestas como fortalecer los mecanismos de negociación colectiva, garantizar el derecho a huelga y asegurar un salario digno para todos los trabajadores. El Gobierno ha insistido en que las reformas estructurales no han sido tramitadas en el Congreso, por lo que la consulta es el camino para destrabar los cambios.
Los críticos advierten que este tipo de consultas polarizan y no resuelven los problemas de fondo. Varios analistas señalan que el uso de mecanismos de participación no puede reemplazar el funcionamiento del Legislativo. Además, señalan que un fracaso en la Corte podría debilitar aún más al Gobierno.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra. Su decisión definirá si la consulta sigue adelante o si debe archivarse por vicios de procedimiento o de fondo. Mientras tanto, el país entra en una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado.
