Colombia – El presidente Gustavo Petro aseguró que la convocatoria a la consulta popular, formalizada por el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, se sustenta en la Constitución, la Ley 1757 de 2015 y un fallo de un juzgado civil que, según él, refuerzan su facultad para tomar esa decisión sin autorización del Congreso.
En entrevista con CNN, realizada en el Aeropuerto Militar de Catam, en Bogotá, Petro afirmó que "la Constitución de Colombia establece que somos una democracia participativa, donde el pueblo puede decidir directamente sin intermediarios". En ese sentido, explicó que el mecanismo de consulta ya ha sido utilizado en otros momentos a nivel nacional y regional.
Uno de los argumentos principales del jefe de Estado se apoya en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015. Esta norma, según su lectura, permite que el presidente convoque una consulta si el Congreso no se pronuncia sobre su solicitud en un plazo de 30 días. "Después de que durante casi tres años el Congreso no quiso aprobar la reforma laboral que el pueblo pedía, y tras no decidir sobre la consulta, yo tengo la facultad para decretarla", expresó.
Además del marco normativo, Petro se refirió al fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. Dijo que esta decisión judicial determinó que hubo una violación al debido proceso legislativo en la votación realizada en la plenaria del Senado. "Fue una votación tramposa y fraudulenta, que dejó por fuera a muchos parlamentarios que iban a votar a favor. El juez dijo que esa decisión no fue válida. Pasó el mes. Luego, yo puedo decretarla legalmente", reiteró.
La consulta popular es una de las estrategias del Gobierno nacional para reactivar su agenda reformista, especialmente en materia laboral, luego de varios reveses en el Congreso. Petro insistió en que su propuesta responde a una demanda popular bloqueada en el trámite legislativo.
Frente a los cuestionamientos jurídicos que ha generado el decreto, el mandatario respondió que hay "una oposición pequeña" que interpreta la ley de forma distinta, pero defendió que su accionar está respaldado por normas vigentes. "Algunos dicen que no me lo permite la ley, pero el artículo lo dice claro. Esa es una ley estatutaria", aseguró.
El presidente también adelantó posibles escenarios si la Corte Constitucional declara la nulidad del decreto. En ese caso, anunció que se recogerán ocho millones de firmas para presentar nuevamente la consulta a través de mecanismos ciudadanos. "Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro camino que el pueblo, en elecciones, masivamente, pida una Asamblea Nacional Constituyente", enfatizó.
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La propuesta de una eventual Constituyente ha generado fuertes reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos. Aunque Petro no confirmó si impulsaría directamente esa vía, sí dejó claro que la considera como una alternativa ante lo que calificó como bloqueos institucionales reiterados.
Este nuevo capítulo se suma a una ya prolongada confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente por el hundimiento de reformas clave en salud, pensiones y trabajo. Con la consulta, Petro busca sortear ese cerco legislativo, pero abre al mismo tiempo un debate profundo sobre los límites del poder presidencial.
Varios analistas constitucionales, sin embargo, han puesto en duda la legalidad del decreto. Algunos expertos señalan que el artículo 33 de la Ley 1757 no habilita al presidente a convocar directamente la consulta sin el aval del Congreso, sino que su función es solo presentar la propuesta. Además, advierten que un fallo de un juzgado civil no puede sustituir el trámite legislativo ni anular sus decisiones por completo.
Aunque la Presidencia insiste en que el decreto se ajusta a derecho, el debate jurídico se mantiene abierto y será la Corte Constitucional la que deberá decidir si la consulta puede seguir adelante. Hasta entonces, la incertidumbre marcará el ritmo de este nuevo pulso político entre Gobierno, Congreso y justicia.
