Colombia – "Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo". Con este mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro advirtió este sábado que cualquier ministro que no respalde el decreto de convocatoria a la consulta popular será removido del cargo.
El trino surge luego de un análisis jurídico difundido por Caracol Radio en el que se explica que la consulta popular necesita, por ley, la firma de todos los ministros para ser válida. De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, una convocatoria a consulta popular nacional debe ser refrendada con la firma completa del gabinete.
Esto significa que, si al menos un ministro se niega a firmar, el proceso queda jurídicamente comprometido. En ese escenario, la Corte Constitucional podría declarar la nulidad del decreto por vicios de forma, lo que afectaría los planes del Ejecutivo.
El decreto en cuestión aún no ha sido revelado al público en su totalidad, pero el presidente ha defendido la medida como un mecanismo de participación ciudadana para consultar reformas que han encontrado resistencia en el Congreso. Entre ellas estarían temas de salud, pensiones y educación.
Con la advertencia pública, el jefe de Estado busca evitar un escenario en el que alguno de sus ministros objete el contenido del decreto o decida no respaldarlo. La presión se dirige especialmente a los ministros con posturas más técnicas o independientes dentro del gabinete, algunos de los cuales han mostrado diferencias frente a iniciativas del Gobierno.
La controversia se ha intensificado debido al carácter obligatorio de la firma ministerial. La Ley 1757 establece que los ministros deben firmar de manera colegiada los actos administrativos que convoquen a consultas populares. Esta formalidad no es solo protocolaria; es un requisito legal sin el cual el acto puede considerarse inexistente.
Caracol Radio recogió opiniones de expertos en derecho constitucional que coinciden en la importancia del trámite completo. Juan Manuel Castellanos, abogado constitucionalista, explicó que "la Corte puede revisar si se cumplió con la totalidad de firmas. Si falta una, puede tumbar todo el proceso".
Esteban Salazar, analista político, señaló que el ultimátum presidencial es una forma de blindarse legalmente: "No se trata solo de disciplina interna, sino de cumplir con la forma exigida por la ley para que el decreto tenga viabilidad jurídica".
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A nivel político, el anuncio fue interpretado como un mensaje de autoridad en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Algunos partidos han expresado que el Gobierno intenta saltarse al Legislativo a través de figuras de participación directa como la consulta.
Aunque en esta fase no se han presentado renuncias dentro del gabinete, la instrucción pública del presidente ha generado expectativa sobre la posición de cada ministro. También ha provocado cuestionamientos sobre la autonomía de los jefes de cartera frente a decisiones presidenciales.
La figura de la consulta popular permite al Gobierno llevar temas de interés nacional directamente a los ciudadanos. Sin embargo, para que sea convocada debe cumplir una serie de condiciones legales y procedimentales estrictas, incluida la firma unánime del Consejo de Ministros y la revisión de la Corte Constitucional.
En medio del debate, juristas han advertido que si el decreto no cumple con todos los requisitos formales, podría no pasar el control automático que realiza la Corte sobre este tipo de medidas. Esto convertiría la presión ejercida por el presidente en una estrategia preventiva para evitar que el proceso se caiga antes de llegar a las urnas.
