Barranquilla – La Procuraduría General de la Nación pidió suspender de manera provisional el cobro de la valorización en la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, mientras el Tribunal Administrativo del Atlántico estudia una acción popular que cuestiona este tributo.
La solicitud busca detener el envío de recibos que, a partir de junio, comenzarían a llegar a predios de diez municipios de Atlántico y Bolívar con el fin de recaudar 1.23 billones de pesos. El organismo de control advierte que la medida debe esperar hasta que exista una decisión judicial de fondo que defina si la contribución es o no procedente.
El caso se origina en una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel, quien puso sobre la mesa la discusión acerca de la legalidad y el impacto social de la contribución. En respuesta, la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa emitió un concepto en el que respalda la suspensión preventiva. “Se ordene la suspensión del cobro de la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, hasta tanto se tome una decisión de fondo en la presente acción Constitucional”, señala el documento.
La petición no se limita a la suspensión. El Ministerio Público también instó al Tribunal a conformar una mesa de trabajo con la participación de las comunidades y actores vinculados al proceso. El objetivo es socializar la información sobre el cobro, exponer alternativas y dar claridad sobre el alcance del proyecto.
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El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, expresó el respaldo del sector empresarial a esta medida. Según dijo, un cobro de tal magnitud tendría consecuencias directas en la inversión, el empleo y el crecimiento económico de los departamentos del Atlántico y Bolívar. “Es un cobro injusto, que afecta a los habitantes de los municipios de ambos departamentos. Además, esto generaría un impacto directo en el empleo, en la inversión y en el crecimiento fiscal”, afirmó.
Los gremios sostienen que la suspensión no solo daría tiempo para un análisis más profundo del impacto económico, sino también para ofrecer transparencia a los ciudadanos que han mostrado preocupación frente a las implicaciones del tributo. En sus planteamientos, la Procuraduría coincide en la necesidad de buscar soluciones anticipadas al fallo judicial y de fortalecer la confianza pública con un debate abierto.
En paralelo, la Procuraduría alertó que el inicio de los cobros sin una definición jurídica podría traer conflictos posteriores, afectando la seguridad legal del proceso. El concepto advierte que se corre el riesgo de una “lesión antijurídica irreparable a los intereses de la sociedad” si se aplica la contribución sin esperar el pronunciamiento de fondo.
El cobro proyectado busca financiar obras de infraestructura vial en el corredor Cartagena – Barranquilla y en la Circunvalar de la Prosperidad. La valorización recaería sobre propietarios de predios en municipios de ambos departamentos, lo que ha generado una creciente inconformidad en los sectores residenciales y productivos.
Aunque la contribución de valorización es un mecanismo habitual en Colombia para financiar proyectos de gran escala, la discusión en torno a este caso se centra en el impacto desproporcionado que tendría sobre los contribuyentes locales frente al beneficio colectivo. Esa es precisamente la línea de argumentación que llevó al senador Meisel a interponer la acción popular.
De prosperar la petición de la Procuraduría, la medida podría frenar de inmediato el cobro mientras el Tribunal estudia los argumentos de las partes. El organismo de control insiste en que se trata de una medida preventiva y no definitiva, que busca evitar perjuicios mientras se aclara la viabilidad legal del tributo.
El pronunciamiento de la Procuraduría marca un capítulo clave en el debate regional sobre el financiamiento de las obras viales. La petición de suspensión ha sumado apoyos de distintos gremios y congresistas de la Costa Caribe, quienes han manifestado públicamente su preocupación por los efectos económicos y sociales de la valorización. Para los líderes empresariales, la clave está en lograr un mecanismo que no cargue de manera inequitativa a los municipios con una obligación de recaudo de tal tamaño.
Los próximos pasos dependerán del Tribunal Administrativo del Atlántico, que deberá estudiar el concepto de la Procuraduría y los argumentos de la acción popular. Hasta tanto no se pronuncie, la incertidumbre sobre el cobro continuará siendo un tema central en la agenda pública de la región.
