Barranquilla – El Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió provisionalmente el cobro de valorización en la vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena y en la Circunvalar de la Prosperidad, tras admitir la demanda del senador Carlos Meisel. La medida busca garantizar la participación ciudadana y la transparencia antes de aplicar el gravamen, en medio de cuestionamientos por irregularidades en su implementación.
El fallo obliga al Instituto Nacional de Vías (Invías) a organizar audiencias públicas en un plazo máximo de tres meses. La finalidad es que los ciudadanos, gremios y entidades públicas y privadas puedan conocer y opinar sobre los criterios técnicos y socioeconómicos que definen el cobro.
El magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo explicó que la medida cautelar preventiva busca que se cumpla el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, asegurando que la socialización del cobro se realice en un contexto formal y público. “Este despacho deberá decretar la medida cautelar preventiva consistente en la suspensión del proceso de cobro de la CNV, con el fin de garantizar que la etapa de socialización se lleve a cabo en el contexto de una audiencia pública”, indicó Fandiño Gallo.
La suspensión provisional afectará directamente a los habitantes de Cartagena y Barranquilla, así como a los municipios de Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará, en los departamentos de Atlántico y Bolívar. La convocatoria para las audiencias será publicada con amplia divulgación, durante dos meses previos a su inicio, en medios nacionales, locales y plataformas oficiales.
Tras la culminación de las audiencias, cualquier persona podrá presentar réplicas, alegaciones u observaciones sobre los estudios que soportan el cobro. Posteriormente, Invías dispondrá de dos meses para elaborar un informe final, en el que deberá responder de manera explícita a todas las inquietudes planteadas y tomar la decisión que mejor sirva al interés general.
Según el fallo, las audiencias públicas tendrán como objetivo informar y recibir retroalimentación sobre los criterios técnicos empleados en la distribución y liquidación del gravamen. Entre ellos se incluyen estudios socioeconómicos, metodología de cálculo de beneficios individuales, zona de influencia, capacidad de pago de los contribuyentes y base gravable sobre la cual se definió el tributo.
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El senador Carlos Meisel fundamentó su demanda en varias irregularidades. Afirmó que el cobro fue implementado “sin observar los requisitos legales mínimos”. Entre sus quejas señaló que no se publicó un censo predial técnico y actualizado, que la metodología para determinar la base gravable no fue socializada adecuadamente y que, aunque el proyecto se presentó como doble calzada, más del 60% fue ejecutado como calzada sencilla, lo que, según él, vulnera los derechos de las comunidades.
El fallo fue celebrado por los congresistas de la bancada costeña, quienes coincidieron en la importancia de garantizar transparencia y participación ciudadana en este tipo de procesos. La medida busca corregir las fallas detectadas y asegurar que la aplicación del cobro cumpla con los lineamientos legales y técnicos requeridos.
El proceso de socialización incluirá información detallada sobre los estudios socioeconómicos, la metodología para determinar la base gravable, los beneficios individuales y la zona de influencia. De esta manera, se busca que todos los actores involucrados puedan participar en un diálogo informado, aportando observaciones que serán consideradas en el informe final de Invías.
Aunque no se especificó la fecha exacta para la reanudación del cobro, la suspensión se mantendrá vigente hasta que se culmine el proceso participativo y se emita el informe final. Esto significa que el cobro de valorización en los proyectos de la vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad queda en pausa, garantizando que se atiendan las inquietudes de la ciudadanía.
La Procuraduría General de la Nación había solicitado previamente la suspensión del cobro, argumentando la necesidad de proteger derechos colectivos y asegurar la transparencia en la ejecución del gravamen. La entidad también recomendó la conformación de una mesa de trabajo para socializar los elementos técnicos y escuchar las diferentes alternativas propuestas por la comunidad.
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En términos prácticos, la medida implica un retraso en la implementación del cobro, que estaba previsto como parte de la financiación de los proyectos viales en la región. El fallo judicial busca que se cumpla con la normativa vigente y los procedimientos legales mínimos, evitando afectaciones indebidas a los contribuyentes y a las comunidades locales.
El proceso ha tenido amplia cobertura mediática, destacando la importancia de la participación ciudadana en proyectos de infraestructura y la necesidad de transparencia en la gestión pública. El Tribunal del Atlántico establece un modelo de revisión que podría servir como referencia para futuros procesos de valorización en otras regiones del país.
Los plazos definidos por el tribunal son claros: dos meses para la convocatoria y difusión de las audiencias, tres meses para la realización de las mismas y dos meses adicionales para el informe final de Invías. En este informe se deberán incluir respuestas explícitas a todas las observaciones, réplicas y alegaciones, asegurando que la decisión final se ajuste al interés general y respete los derechos de los contribuyentes.
El fallo también enfatiza la importancia de la comunicación con la ciudadanía, ya que cualquier cambio en la aplicación del gravamen debe ser explicado con claridad y basado en criterios técnicos verificables. Esto garantiza que los recursos que se destinen a los proyectos de infraestructura cumplan con su objetivo y que los habitantes afectados estén debidamente informados.
Con esta medida, la región del Atlántico y Bolívar enfrenta un proceso de revisión que prioriza la transparencia, la participación y la legalidad en la implementación de proyectos viales financiados mediante valorización. El Tribunal Administrativo del Atlántico asegura que las comunidades afectadas tengan voz y voto antes de la aplicación del cobro, cumpliendo con estándares legales y de participación ciudadana.
