Barranquilla – El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela interpuesta por el Instituto Nacional de Vías (Invías) contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, relacionada con la suspensión del cobro de la contribución por valorización en el proyecto vial Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. ..En contexto lea. ► Tribunal Administrativo del Atlántico suspende cobro de valorización vía al Mar
La acción de tutela presentada por Invías tenía como objetivo dejar sin efecto la decisión del Tribunal, que había frenado temporalmente el cobro de la valorización a las comunidades vecinas al proyecto. El Consejo de Estado, sin embargo, determinó que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver esta controversia, al existir otros medios de control judicial más apropiados. Esta decisión refuerza la protección de los derechos de los habitantes del sector, quienes se verían afectados por el cobro sin un debido proceso de participación ciudadana.
El proceso tiene su origen en una demanda interpuesta por el senador Carlos Manuel Meisel Vergara, quien cuestionó presuntas irregularidades en la gestión del cobro de valorización, señalando que no se había realizado una consulta previa adecuada a las comunidades afectadas. Según la demanda, los moradores no fueron informados ni tuvieron participación en la definición del valor de la contribución, lo que generó preocupación y resistencia frente al proyecto.
El fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, que motivó la acción de tutela de Invías, suspendió el cobro de valorización de manera provisional. Entre los argumentos del Tribunal se encuentra la necesidad de garantizar audiencias públicas y socializar el gravamen con las comunidades locales, asegurando que los ciudadanos comprendan los impactos y beneficios del proyecto vial. Además, el Tribunal advirtió la existencia de irregularidades, como la falta de un censo predial técnico y actualizado, así como la ejecución del proyecto como calzada sencilla en lugar de doble calzada, lo que podría afectar directamente la funcionalidad y los costos de la vía. Estas medidas buscaban proteger a los vecinos de posibles cobros injustificados y asegurar que el proyecto se ejecutara con transparencia y legalidad.
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La intervención del Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela interpuesta por Invías no cumplía con los requisitos de procedibilidad, dejando claro que existen otros mecanismos judiciales más adecuados para resolver conflictos sobre decisiones administrativas y de cobro de impuestos locales. En consecuencia, el Tribunal del Atlántico mantiene firme su suspensión, impidiendo por el momento que Invías continúe con la recaudación de la contribución de valorización en los sectores afectados.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico actualizar el expediente correspondiente en la plataforma Samai, asegurando así que todos los documentos y decisiones del caso queden correctamente registrados y sean accesibles para futuras revisiones. También se notificó que, si esta decisión no es impugnada, el caso será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y posible pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
El impacto de esta decisión es relevante para los habitantes del sector, quienes se ven protegidos temporalmente de cargas impositivas que podrían resultar onerosas sin el debido proceso. La medida también subraya la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura que afectan directamente a las comunidades locales. La resolución refleja un equilibrio entre el interés público de avanzar en obras de infraestructura y la necesidad de garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como la información, la participación y la defensa frente a decisiones que afectan su patrimonio.
Este fallo se convierte en un precedente importante para futuros procesos de valorización en el país, recordando a las autoridades que deben cumplir con todos los requisitos legales y de consulta antes de imponer contribuciones que afecten a la comunidad. Para Invías, significa que deberá explorar otras vías legales para continuar con sus planes de cobro, mientras que los moradores del área pueden mantener la suspensión del impuesto hasta que se resuelvan los procesos judiciales pendientes.
En síntesis, la decisión del Consejo de Estado no solo deja en firme la suspensión del cobro de valorización ordenada por el Tribunal del Atlántico, sino que también fortalece la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles irregularidades administrativas, garantizando un proceso más transparente y participativo en la implementación del proyecto vial Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
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