Barranquilla – En el barrio El Prado, estudiantes de la Institución Universitaria de Barranquilla escucharon atentos cómo el contrabando de licores y cigarrillos le cuesta cada año al departamento del Atlántico cerca de $36.000 millones.
La jornada se desarrolló en la sede de Posgrados de la IUB, donde jóvenes de distintos programas académicos participaron en un ciclo de charlas liderado por la Gobernación del Atlántico. Allí, funcionarios de la Subsecretaría de Rentas explicaron de manera directa cómo identificar un producto legal y qué hacer cuando se detecta mercancía irregular en el mercado.
“Hay muchos datos que no sabía sobre el tema de la etiqueta como tal, que es lo que más me parece importante. Ahora ya puedo identificar si el licor que estoy tomando es adulterado o no”, contó Omar Hernández, estudiante de la IUB. Agregó que con esta información puede orientar a su familia y amigos cuando organizan reuniones en el barrio.
La estrategia hace parte de un programa que busca fortalecer la cultura ciudadana frente a la legalidad de los productos y sensibilizar sobre el impacto negativo del contrabando en la vida diaria. Para Diana Torres, funcionaria de la Subsecretaría de Rentas, “en materia de salud es muy indispensable tener en cuenta el consumo legal, porque se han presentado algunas situaciones que afectan la salud de los atlanticenses y que son graves para la vida de todos”.
El alcance del programa en universidades
La Gobernación ha diseñado un plan que incluye a instituciones como la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar, además de la IUB. El objetivo es que la información llegue no solo a estudiantes de Barranquilla, sino también a jóvenes de municipios del departamento. En todos los espacios se promueve la plataforma syctrace.org, donde los ciudadanos pueden denunciar irregularidades en el comercio de licores y cigarrillos.
Durante las charlas, los expertos enfatizan en detalles prácticos: revisar que el producto tenga registro sanitario, estampillas fiscales, sellos de seguridad y etiquetas claras. También mencionan la coloración y el sabor, que deben coincidir con las características aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
Para los asistentes, estas explicaciones se conectan con su vida cotidiana. Gilberto Aguilar, psicólogo del área de Bienestar Universitario de la IUB, señaló que el propósito es que los estudiantes “se conviertan en multiplicadores de la información y que ellos mismos puedan tomar mejores decisiones a la hora del consumo responsable de licores y cigarrillos”.
Hernández coincide en esa idea y asegura que ahora siente más confianza para denunciar y orientar a otros. “De hecho, me ayuda a ser mentor de mi comunidad, poder dar esta capacitación o al menos esta charla con mis amigos y familiares a la hora de una fiesta que vayamos a tener”, afirmó.
El programa, integrado por 22 funcionarios de la Gobernación, tiene respaldo directo del gobernador Eduardo Verano, quien ha insistido en que la defensa de las rentas es clave para financiar programas de salud, educación, deporte, infraestructura vial y saneamiento básico. Según cifras oficiales, el contrabando le resta al Atlántico recursos que deberían destinarse a esos sectores.
Hernández, como muchos de sus compañeros, salió de la charla con una idea clara: “Si los productos ilegales quitan recursos a la salud y la educación, entonces también afectan a mi barrio y a mi familia”. Ese mensaje es el que los organizadores esperan que se replique en otros espacios universitarios y comunitarios.
El encuentro también incluyó recomendaciones preventivas para cuando los jóvenes salen de fiesta: comer bien antes de beber, no mezclar alcohol, mantener la bebida siempre a la vista, elegir un conductor designado o transporte confiable, estar acompañados de amigos y acudir de inmediato a ayuda médica si algo anda mal. Son consejos simples, pero que buscan responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo cambia la vida diaria aquí?
La respuesta está en la combinación de datos económicos y prevención en la calle. El contrabando no es solo un problema de cifras en el sector financiero. Se refleja en la falta de recursos para proyectos sociales y en los riesgos de salud que genera el consumo de licor adulterado o cigarrillos de contrabando. De ahí la insistencia en que los jóvenes entiendan el tema y lo difundan en sus entornos.
Para los vecinos del barrio El Prado, donde se desarrolló esta jornada, la presencia de las autoridades en la universidad representa un gesto de cercanía. “Es bueno que no se quede todo en oficinas del centro, sino que vengan hasta acá, donde uno vive y estudia, a explicar cómo cuidarse”, dijo una estudiante que prefirió no dar su nombre.
La Gobernación asegura que este ciclo de charlas continuará en más municipios. La idea es articular esfuerzos con rectores, docentes y líderes estudiantiles para que el mensaje trascienda las aulas y se convierta en una práctica cotidiana. Al final, lo que está en juego no es solo el consumo responsable, sino también la economía local y la calidad de vida en los barrios del Atlántico.
H3 La vida cotidiana como escenario de prevención
Al cierre de la jornada en la IUB, Diana Torres recalcó que la lucha contra el contrabando no es tarea exclusiva de las autoridades, sino de toda la sociedad. Los estudiantes, convertidos en voceros informales en sus comunidades, se convierten en un eslabón esencial de esa cadena.
En barrios como El Prado, ese mensaje se transforma en conversaciones sencillas en la tienda, en la sala de una casa o durante una celebración. Lo que antes parecía un tema lejano de rentas y economía, ahora se convierte en una decisión práctica: elegir un producto legal, cuidarse en una fiesta y denunciar lo que no está en regla.
Así, la campaña no solo habla de finanzas públicas, sino de cómo la vida diaria en los barrios del Atlántico puede mejorar con información clara y acciones responsables.
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