Bogotá D.C – La Fiscalía General de la Nación ha designado a Gilberto Iván Villarreal como el nuevo fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos por soborno a testigos y fraude procesal. Villarreal, originario del departamento de Santander, nació en San Gil y cuenta con una experiencia judicial de 29 años.
Este nombramiento surge después de las renuncias y declaraciones de impedimento de los dos fiscales anteriores, Andrés Palencia y Víctor Salcedo. Palencia presentó su renuncia el 6 de enero, un día antes de tomar una decisión sobre la acusación o preclusión del caso, mientras que Salcedo se declaró impedido el 12 de enero.
El nuevo fiscal, Gilberto Iván Villarreal, tendrá un plazo de 90 días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia su decisión sobre el caso. Durante este periodo, se evaluará si el expresidente Uribe será llamado a juicio o si el caso será archivado.
Historia del caso
El proceso ha experimentado recientes complicaciones, ya que el fiscal Víctor Salcedo se declaró impedido el 12 de enero, generando una demora adicional en la formulación de cargos contra el exmandatario. Aunque la Fiscalía no ha proporcionado detalles sobre las razones de la declaración de impedimento, algunos medios locales sugieren que Salcedo renunció debido a comentarios que hizo sobre el caso en 2020 cuando aún era abogado.
Este hecho sucede días después de la renuncia del fiscal anterior, Andrés Palencia, quien abandonó el caso alegando razones personales relacionadas con la salud de su familia. Tras la renuncia de Palencia, la Fiscalía designó a Salcedo como su sucesor.
Inicio del caso Uribe
La génesis del caso se remonta a 2012 cuando Álvaro Uribe demandó al senador Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), por supuesta manipulación de testigos. Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso por presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar al congresista y, en cambio, inició un proceso contra el expresidente por manipulación de testigos. Uribe renunció a su escaño para pasar su caso a la justicia ordinaria, y la Fiscalía inicialmente consideró que no había pruebas suficientes para perseguirlo judicialmente.
En dos ocasiones, la Fiscalía solicitó la preclusión del caso, pero tanto los juzgados de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá negaron la petición. Las víctimas del caso argumentan que Uribe, a través de su entonces abogado Diego Cadena, sobornó a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para evitar que testificaran en su contra respecto a posibles vínculos con el paramilitarismo.
