Colombia – La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó este martes 7 de mayo una orden de captura para los congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), involucrados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida de aseguramiento en prisión se toma después de un exhaustivo proceso de investigación que ha puesto al descubierto una serie de actos ilícitos vinculados a la firma de un contrato clave para la compra de carrotanques destinados a la atención de desastres en el país.
El caso, que comenzó a ser investigado hace más de un año, ha tomado fuerza con la recopilación de pruebas y testimonios que apuntan directamente a los dos congresistas. Según las autoridades, Name y Calle recibieron millonarios sobornos de funcionarios de la UNGRD a cambio de su influencia para la firma de un contrato en octubre de 2023, cuyo valor asciende a varios miles de millones de pesos. La compra de 40 carrotanques fue parte de un acuerdo destinado a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, pero la operación ha quedado marcada por la presunta corrupción.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, desempeñaron un papel fundamental en el esclarecimiento de los hechos. Ambos exfuncionarios, en sus declaraciones ante la Fiscalía General, coincidieron en señalar que los congresistas fueron los receptores de los sobornos, recibiendo pagos para asegurar que el contrato se llevara a cabo. La revelación de estos testimonios, junto con otros elementos probatorios, fue determinante para la decisión de la Corte Suprema.
En paralelo, otro testimonio clave fue el de Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, quien proporcionó detalles adicionales sobre la corrupción en el proceso. Ortiz reveló que se coordinaron pagos por un total de 3.000 millones de pesos a favor del senador Iván Name, con el fin de asegurar su apoyo en el contexto de la contratación de los carrotanques. La exfuncionaria, al colaborar con la justicia, se sumó a los esfuerzos para esclarecer el caso, que sigue generando controversia.
El impacto de este escándalo ha sido considerable, no solo por la gravedad de las acusaciones, 
sino también por las implicaciones para la imagen de los congresistas involucrados y las instituciones que se encargan de gestionar los recursos destinados a emergencias. Este es un caso que se mantiene en el ojo público y que continúa siendo objeto de investigación.
Las autoridades competentes continúan trabajando para recuperar los fondos mal manejados y asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se espera que más funcionarios y personas relacionadas con el caso sean citados a declarar en las próximas semanas.
El desarrollo de este proceso judicial será clave para garantizar que los recursos destinados a la gestión de desastres en Colombia sean manejados de manera transparente y eficiente, sin perjuicio de los intereses públicos. La situación sigue evolucionando y los detalles se darán a conocer conforme avance la investigación.
