Colombia - La Unidad para las Víctimas ha lanzado un llamado urgente a los grupos armados del departamento del Chocó, solicitando que cesen las acciones violentas que afectan a la población civil en la región. A través de un comunicado oficial, la entidad rechazó las agresiones y el confinamiento impuesto a más de 45.000 personas en 85 comunidades afro e indígenas de la región. La situación es especialmente preocupante en un contexto marcado por los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente el ELN y el Clan del Golfo, que han generado un grave impacto en los derechos fundamentales de los habitantes.
"¡No involucren más ni afecten a la población civil en sus violencias! ¡Cesen ya la vulneración y agresión violenta contra las comunidades! ¡Paren esta estrategia de guerra dirigida a vulnerar los derechos de la gente!", fue el enérgico llamado realizado por la Unidad para las Víctimas, evidenciando la gravedad de los hechos ocurridos en la región.
El paro armado, iniciado por el ELN el pasado fin de semana en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, ha intensificado la situación, confinando a más de 45.000 personas. Como resultado de los bloqueos y restricciones, muchas comunidades han quedado imposibilitadas de acceder a alimentos, atención médica y otros servicios básicos. Este paro ha complicado aún más las condiciones de vida en una región ya vulnerada por las fuertes lluvias que azotan la zona, lo que agrava la emergencia humanitaria en curso.
La Unidad para las Víctimas también ha hecho un llamado a los grupos armados, en particular al ELN y al Clan del Golfo, para que respeten los canales de transporte y entrega de ayuda humanitaria. En su comunicado, la entidad destacó que el respeto a estos canales representa "un gesto inequívoco de paz", en un intento por aliviar la situación de las comunidades afectadas. Además, se invita a los mandos de estos grupos armados a integrar sus acciones de manera sincera y proactiva a la "prospección social, económica y política" que permita superar la vulnerabilidad histórica de la región.
"Invitamos a los mandos del Eln y del Clan del Golfo en la zona a que, en un ejercicio dialógico con las comunidades, a instancias de la Unidad para las Víctimas y demás autoridades, aparte de respetar los canales de transporte y entrega de ayuda humanitaria, se integren en forma sincera y proactiva a la prospección social, económica y política que permita a las colombianas y colombianos de esos territorios superar la vulnerabilidad histórica de sus derechos", expone el comunicado.
La Defensoría del Pueblo también ha condenado los actos violentos en Chocó, denunciando el "tercer confinamiento" de comunidades en lo que va del año. Según la Defensoría, estos actos constituyen una grave vulneración de los derechos fundamentales de la población, incluyendo la libre locomoción, la salud y la vida. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la coherencia entre las acciones del ELN y sus pronunciamientos a favor de la paz. "¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el Eln?", expresó la Defensora en un boletín oficial.
La situación, que ha generado una fuerte crisis humanitaria, refleja las dificultades históricas del Chocó, un departamento azotado por la violencia armada y la escasa presencia del Estado. La emergencia ha empeorado las condiciones de vida de las comunidades, especialmente de las afrocolombianas e indígenas, quienes han sido históricamente víctimas de desplazamientos forzados y violencia. Las autoridades y organizaciones humanitarias continúan alertando sobre la escasez de recursos y la falta de acceso a servicios básicos, lo que exige una intervención urgente tanto del Estado como de los actores armados en la zona.
Las condiciones de vida en Chocó, ya gravemente afectadas por la pobreza y la exclusión social, se han deteriorado aún más debido a los bloqueos y los enfrentamientos armados. La falta de acceso a servicios básicos, como atención médica y alimentos, ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades.
Las autoridades y las organizaciones humanitarias siguen trabajando para asegurar el acceso de la ayuda a las comunidades afectadas, pero la colaboración de los grupos armados es esencial para que estas acciones puedan llevarse a cabo con eficacia y evitar que más colombianos sufran las consecuencias de la violencia.
