Barranquilla D.E.I.P - El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla rechazó el miércoles, 13 de marzo, la solicitud de libertad presentada por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue designado por el Gobierno nacional como gestor de paz. Según el magistrado de este tribunal, no existe coherencia en la petición de libertad, ya que Mancuso no forma parte en la actualidad de ningún grupo paramilitar, lo cual invalida la posibilidad de ser beneficiario de la figura de gestor de paz.
El magistrado destaca la falta de fundamentos en la solicitud, subrayando que el argumento de la recuperación de bienes podría abordarse desde su reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá. Además, señala que no es coherente afirmar que Mancuso tiene un mando sobre grupos paramilitares, ya que esto desencadenaría un proceso de incumplimiento por los compromisos adquiridos ante Justicia y Paz para no reincidir en actividades delictivas.
El magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz, Carlos Andrés Pérez, ha negado la libertad extraordinaria a Mancuso, argumentando que la designación como gestor de paz es inconstitucional. Pérez sostiene que esta designación equivaldría a conceder un indulto por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el despacho del Tribunal de Barranquilla, pesan 33 medidas de aseguramiento contra Mancuso Gómez por su presunta participación en un total de 34.704 crímenes y otros delitos graves como exjefe paramilitar. Adicionalmente, existen otras 14 medidas de aseguramiento emitidas por un magistrado de Bogotá.
El magistrado de control de garantías argumenta la existencia de serios vicios en la resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz. Considera inconstitucional esta designación, ya que en la práctica equivale a otorgar un indulto, reservado para delitos políticos, y no para crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, Pérez advierte sobre los riesgos de concederle libertad extraordinaria a Mancuso, equiparándolo al alto comisionado de paz. Alega que esto podría resultar en una excarcelación incontrolada, afectando los derechos de las víctimas y generando un panorama abstracto sin límites temporales o geográficos.
La procuradora delegada Diana Niño expresó su fuerte oposición a la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura contra Mancuso. Argumenta la falta de claridad por parte del Gobierno Nacional respecto al alcance del papel que tendría el exjefe paramilitar como 'gestor de paz'.
Niño insiste en que la petición de "libertad extraordinaria" para Mancuso no puede basarse únicamente en discursos retóricos y políticos de buscar la 'paz total', sino que debe fundamentarse en una solicitud coherente y explícita por parte del Gobierno.
Según la procuradora delegada, la orden de libertad va en contra de los fines de Justicia y Paz, que buscan que las víctimas de los crímenes atribuibles a Mancuso obtengan verdad, justicia y reparación integral. Además, destaca que Mancuso no representa a las extintas autodefensas debido a que el proceso de desmovilización en Santa Fe de Ralito ocurrió hace más de diez años.
La fiscal delegada Magaly Álvarez también cuestiona la falta de una solicitud clara del Gobierno y la oficina del Alto comisionado de Paz sobre el alcance de la designación de Mancuso como gestor de paz. Advierte que el Gobierno podría haber excedido los fines del decreto al solicitar la suspensión de las medidas de aseguramiento.
Salvatore Mancuso defiende su nombramiento como 'gestor de paz' y afirma que su objetivo es facilitar el diálogo con diferentes grupos armados, como la banda criminal Clan del Golfo. Su intención es cerrar el capítulo de Santa Fe de Ralito, donde se llevaron a cabo los diálogos de paz, y que después de 18 años con el rearme de otras organizaciones, no ha concluido.
Mancuso propone que la Oficina de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp OEA), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con países amigos como Suecia e Italia, cumplan el papel de garantes y verificadores de su labor como gestor de paz.
