Colombia – La Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 011 para recordarles a las empresas de servicios públicos domiciliarios que deben garantizar la continuidad, calidad y cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo.
Este llamado preventivo, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, busca que no se presenten riesgos que afecten a las comunidades y se mantenga la gobernanza territorial.
El órgano de control recordó que los prestadores de servicios están obligados, según la Ley 142 de 1994, a suministrar agua potable con un Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) entre 0 y 5%.
Además, deben mantener la continuidad del servicio de acueducto entre 18 y 24 horas diarias, garantizando acceso permanente a los usuarios.
La circular advierte que los operadores de aseo tienen la responsabilidad de minimizar impactos en la recolección y disposición de residuos, especialmente evitando su dispersión en vías públicas.
Según la Procuraduría, estas operaciones deben realizarse conforme a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para prevenir riesgos en la salud pública.
“La acción preventiva de la Procuraduría busca evitar la comisión de irregularidades que puedan generar consecuencias legales y administrativas, comprometer la gobernanza territorial y afectar el bienestar de los ciudadanos”, indicó el documento.
El ente de control también enfatizó la importancia de usar de manera adecuada los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a garantizar estos servicios esenciales.
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En el comunicado, la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial reiteró que estos recursos deben invertirse cumpliendo la normativa, evitando desvíos o retrasos que perjudiquen la continuidad de los servicios.
La Procuraduría reconoció los esfuerzos institucionales realizados hasta el momento, pero insistió en que se deben fortalecer las acciones para garantizar que el acceso a estos servicios sea real y permanente.
El documento no solo reitera obligaciones legales, sino que también busca frenar incumplimientos que generen sanciones y procesos disciplinarios para los responsables.
En Colombia, las deficiencias en la continuidad de los servicios de agua y aseo son motivo frecuente de quejas ciudadanas, especialmente en zonas rurales y municipios con infraestructura limitada.
La Procuraduría aseguró que seguirá realizando seguimiento preventivo a la operación de las empresas, con el fin de proteger el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad de los territorios.
“La responsabilidad de las empresas es garantizar el acceso a servicios públicos con calidad y continuidad. No hacerlo puede afectar la salud, la economía y la tranquilidad de las comunidades”, puntualizó la Procuraduría.
Hasta el momento, ninguna empresa ha sido mencionada de forma individual, pero el llamado es de carácter general y obligatorio.
El órgano de control reitera que los operadores que incumplan sus obligaciones legales podrán enfrentar procesos disciplinarios o sanciones administrativas.
Finalmente, la Procuraduría invitó a las empresas prestadoras a reforzar sus planes de acción para asegurar que ningún ciudadano quede sin acceso a agua potable, aseo o alcantarillado.
