Colombia – El Consejo Superior de la Carrera Notarial enfrenta crecientes cuestionamientos ante indicios de un posible fraude en el concurso abierto para proveer notarías vacantes en Colombia. Según documentos revisados por Redprensa y testimonios de juristas consultados, la convocatoria omitió ofertar varias notarías clave, generando sospechas de que la maniobra busca facilitar traslados estratégicos de notarios ya en propiedad, en lugar de garantizar el acceso por mérito y concurso público.
La controversia inició cuando la consejera Paulina Gómez González solicitó aplicar el derecho de preferencia para aspirantes únicos, basándose en el artículo 178 del Decreto 960 de 1970. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió dicho procedimiento tras declarar que su reglamentación requiere ley formal. El auto interlocutorio del 25 de junio de 2025 reconoció la existencia de la norma, pero aclaró que no puede aplicarse sin desarrollo legislativo, debido a la reserva legal del régimen notarial.
La Corporación Colombiana de Notarios Interinos (CCNI), presidida por Guillermo Escolar Flórez, rechazó la petición de la consejera Gómez. En su pronunciamiento señaló que la salvedad judicial invocada carece de objeto jurídico, pues la sección del acta que contenía el procedimiento fue revocada en mayo de 2024 por el propio Consejo Superior. Según la CCNI, la solicitud desconoce la revocatoria directa, que extingue de inmediato los efectos del acto administrativo.
Adicionalmente, la CCNI advirtió que aplicar la salvedad sin norma vigente configuraría desviación de poder y nulidad por falsa motivación. Resaltó que el numeral 3 del artículo 178 no es autoaplicable, ya que su desarrollo compete al Congreso o al Ejecutivo mediante decreto con fuerza de ley, según lo reafirmó el Consejo de Estado en jurisprudencia constante. Insistió en que cualquier nombramiento basado en la salvedad podría ser demandado y anulado por falta de sustento legal.
El ambiente de desconfianza se intensificó cuando se conoció que la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad habitualmente lenta en sus respuestas, dio trámite a la solicitud de Gómez en menos de cuatro horas. Para expertos consultados, esta agilidad excepcional refuerza la sospecha de que existe un plan coordinado para activar traslados selectivos antes de un eventual fallo de fondo, en detrimento de los notarios interinos y aspirantes que esperan un proceso meritocrático real.↙️
Los juristas consultados por Redprensa advierten que, de concretarse esta estrategia, se vulnerarían principios constitucionales como la igualdad, la buena fe y la confianza legítima, además de debilitar la carrera notarial como sistema profesional basado en méritos. “Si se nombra a un único aspirante sin procedimiento legal vigente, se abre la puerta para que cada notaría vacante se convierta en un botín burocrático, sin concurso público”, señaló un ex magistrado consultado que pidió reserva de su nombre por seguridad jurídica.
El Consejo de Estado, en su auto de suspensión, reiteró que la competencia para regular el derecho de preferencia corresponde exclusivamente al legislador, no al Consejo Superior de la Carrera Notarial ni a la Superintendencia. Por ello, cualquier acto administrativo que pretenda revivir efectos de actos revocados o derogados sería considerado nulo y contrario al principio de legalidad.
En conclusión, mientras la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior definen si acatan la salvedad parcial reconocida por el Consejo de Estado o si respetan la revocatoria total del acto administrativo, la incertidumbre crece entre notarios de carrera, interinos y abogados especialistas en derecho público. La transparencia y la igualdad en el acceso a cargos notariales están en juego.
