Bogotá, D. C. - La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó la suspensión provisional por tres meses del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, emitida el 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria. La medida se tomó debido a posibles irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.
Según el Ente de control, esta decisión fue legalmente adoptada después de un análisis exhaustivo de los hechos, pruebas y procedimientos realizados por la Sala, así como una revisión del marco legal y jurisprudencia aplicable, junto con las respuestas proporcionadas a los argumentos de la defensa.
La PGN también afirmó que la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, no infringió los derechos ni garantías del ministro suspendido al anunciar los cargos en su contra. Se enfatizó en que el anuncio de cargos no afecta la imparcialidad y que no se realizaron comentarios ni calificaciones sobre el caso específico.
Nueva Investigación Contra el Canciller
Además de la suspensión, la Procuraduría ordenó abrir una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por presunto desacato a la medida de suspensión provisional. A pesar de ser debidamente notificado, se alega que el ministro no cumplió con la medida de manera inmediata.
Dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las decisiones y comunicaciones realizadas por Leyva Durán en representación de la Cancillería, a pesar de estar apartado del cargo y no tener autorización para ejercer funciones oficiales.
La PGN también investigará el supuesto incumplimiento del ministro, reportado por varios medios de comunicación, en el que se sugiere que continuó en el cargo y solo se retiró después de que el presidente nombrara a su reemplazo.
La Procuraduría solicitó pruebas para verificar los hechos mencionados, determinar si constituyen una falta disciplinaria y definir si se actuó bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
Finalmente, la PGN ha enviado copias de la actuación disciplinaria a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el comportamiento del ministro podría constituir alguna conducta penal que requiera investigación.
