Bogotá D.C. - La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha hecho eco en el país al presentar una denuncia por "crímenes de odio" ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, donde expone una presunta campaña de hostigamiento en su contra desde el propio gobierno del presidente Gustavo Petro. En sus declaraciones, Alcocer señala que se está gestando una estrategia para vincularla indebidamente con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de desacreditar su reputación y la de su esposo.
Según lo expuesto en su denuncia, la primera dama afirma que desde el 1 de junio de 2024 tuvo conocimiento de este plan, el cual involucraría a personas dentro de entidades gubernamentales. Alcocer describe estas acciones como parte de una "estrategia sistemática de desinformación", destinada a dañar su dignidad y buen nombre mediante la difusión de información inexacta y engañosa.
En un contexto que ella misma califica como un caso de 'fuego amigo', Alcocer advierte que estas maniobras no solo pretenden afectarla personalmente, sino también socavar la confianza en las instituciones públicas y desviar la atención de temas críticos como la corrupción. A través de su denuncia, la primera dama anticipa que proporcionará los nombres de los presuntos responsables a la Fiscalía, para que se realicen las investigaciones pertinentes.
Alcocer también hace referencia a las especulaciones generadas por las declaraciones del ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, donde se menciona un listado de personas involucradas en actos de corrupción, asegurando que ella no figura en dicha lista de colaboradores entregada a la Fiscalía por Olmedo López. Esta declaración busca desvincularla explícitamente del escándalo en la UNGRD y refutar cualquier intento de asociarla con actividades ilícitas.
En términos más amplios, la primera dama sostiene que las acciones en su contra buscan no solo dañar su imagen y gestión como figura pública, sino también afectar la percepción pública del gobierno de su esposo. Alcocer menciona la intención de algunos sectores dentro del gobierno de crear una crisis interna, algo que según ella también fue mencionado previamente por la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.
La preocupación de Alcocer y su equipo legal se centra en el impacto de estas estrategias en la confianza ciudadana hacia las instituciones, argumentando que la perpetuación de la impunidad frente a la corrupción es un riesgo latente cuando se desvía la atención pública con información falsa y manipulada. La primera dama espera que la Fiscalía asuma su denuncia prontamente y se compromete a colaborar con todos los detalles necesarios para las investigaciones.
En un cierre contundente, Alcocer reitera que ninguna persona autorizada a hablar en su nombre ha participado en estas maniobras de desprestigio, subrayando su determinación de enfrentar judicialmente cualquier intento de difamación. Su carta dirigida a la fiscal general de la Nación concluye con la promesa de revelar próximamente los nombres de quienes están detrás de lo que ella describe como montajes y campañas de desprestigio en su contra.
