Un fuerte rifirrafe entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ha sacudido el país en los últimos días. La controversia comenzó cuando Barbosa confrontó al mandatario por una serie de publicaciones en Twitter en las que exigía una investigación al fiscal Daniel Hernández por supuestamente beneficiar a miembros del Clan del Golfo, una peligrosa organización criminal.
Barbosa afirmó que las acusaciones de Petro ponían en riesgo su seguridad y la de su familia, y que el gobierno nacional estaba poniendo una "lápida" a los funcionarios judiciales con tales afirmaciones. Sin embargo, el presidente no se quedó callado y respondió a Barbosa desde Salamanca, España, donde se encontraba en una gira.
Petro recordó a Barbosa que la Constitución lo obligaba a reconocerlo como su superior, “El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro. Barbosa no se quedó callado y calificó las declaraciones del presidente como una bofetada a la independencia judicial y una amenaza a la democracia en Colombia.
El fiscal argumentó que él no era subordinado del presidente ni de la Fiscalía, ya que ambos tenían competencias diferentes. Además, Barbosa señaló que las palabras de Petro eran un "paso alarmante" y un "zarpazo" a la justicia. En sus propias palabras, Barbosa dijo: "Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente, sino un dictador en Colombia".
Barbosa insistió en que si Petro lo consideraba su subordinado, debía destituirlo y dar lugar a un golpe de estado judicial en Colombia. También hizo un llamado a la comunidad internacional para alertar sobre esta situación en el país, y anunció que pondría una alerta internacional sobre lo que estaba sucediendo y que posiblemente viajaría a la OEA.
En medio de la controversia, el presidente respondió nuevamente a Barbosa y reiteró que como jefe de Estado, merecía respeto por parte de los funcionarios del Estado. Petro defendió sus acusaciones, argumentando que como jefe administrativo del país, tenía derecho a conocer los detalles de una investigación en la que se habían detectado planes para asesinar a 200 personas, incluido el "Neñe Hernández".
Petro cuestionó por qué los fiscales no habían protegido a las personas en peligro y por qué habían arrestado a los investigadores que los habían interceptado. También preguntó por qué ninguno de los líderes del Clan del Golfo había sido detenido.
