Los gastos innecesarios en viáticos de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, han generado una gran polémica en el país, especialmente debido a que su esposo, el presidente Gustavo Petro, había pregonado durante su campaña ser el gobierno del cambio. En este sentido, muchos se preguntan si estos gastos son congruentes con los principios de austeridad y transparencia que se esperan de un gobierno que se define como reformista.
Según información revelada por el abogado Daniel F Briceño en twitter y documentación consultada en el ministerio de relaciones exteriores, la primera dama habría recibido $32.395.322 en viáticos y gastos de representación, sumado a esto, durante su visita al papa Francisco en el vaticano entre el 13 y el 14 de enero del 2023, fueron liquidados USD640.00 diarios para un total de USD960.00 a una TRM de 4.989 pesos, equivalentes a $4.789.960.
Cabe destacar que estos gastos no son ilegales, pero sí resultan cuestionables en un contexto de crisis económica y desigualdad social, especialmente cuando se trata de un cargo que no tiene funciones oficiales y que se supone debe centrarse en tareas de carácter social y humanitario.
Además, estos gastos innecesarios en viáticos de la primera dama contrastan con la realidad de muchas personas en Colombia, quienes viven en situación de pobreza y no tienen acceso a servicios básicos como la salud y la educación. En este sentido, resulta difícil justificar el despilfarro de recursos, cuando hay necesidades urgentes que deben ser atendidas.
La situación ha generado críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la oposición política y a organizaciones sociales, se espera que el gobierno dé explicaciones claras y transparentes sobre estos gastos y que se tomen medidas para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
En resumen, los gastos innecesarios en viáticos de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, han generado una gran indignación en el país, especialmente por tratarse de un gobierno que se define como reformista y que debería estar comprometido con la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es necesario que se tomen medidas para garantizar el uso adecuado de los recursos y que se dé prioridad a las necesidades de la población más vulnerable, promesa bandera del gobierno Petro.
