Colombia – Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado Manuel Gaona Cruz, se pronunció públicamente sobre la película Noviembre, defendiendo la memoria de su padre tras un fallo judicial que ordena correcciones en la obra.
El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá determinó que la película vulneró el derecho al buen nombre del magistrado, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. Por ello, ordenó eliminar frases consideradas injuriosas y prohibió el uso del nombre o rasgos identificables de Gaona Cruz para atribuirle conductas falsas. Además, dispuso incluir una aclaración visible señalando que se trata de una ficción basada en hechos reales.
En un video difundido en sus redes sociales, Juliana Gaona Bejarano aclaró: “En este fallo no hay censura. Lo que hace es proteger la verdad y los derechos de una persona que entregó su vida para defender a su país”. Insistió en que la libertad artística no puede distorsionar hechos comprobados ni afectar la reputación de las víctimas.↙️
La abogada destacó que incluso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y buen nombre. “No se puede construir memoria sobre la ficción. Mi padre fue un jurista íntegro que dedicó su vida a defender la justicia”, agregó.
El video ha generado debate sobre los límites éticos de la creación artística basada en hechos históricos y sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con la dignidad de las víctimas. La discusión también involucra la responsabilidad de los productores y directores al presentar hechos históricos sensibles.
Verdad, memoria y responsabilidad pública
La familia Gaona sostiene que la película presentó una versión inexacta al sugerir vínculos del magistrado con el grupo armado M-19, responsable de su secuestro y asesinato. Los registros judiciales y testimonios recopilados por la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de la Verdad señalan al M-19 como autor del crimen. La familia busca que la ficción no altere la percepción pública de ese episodio y reafirma la necesidad de proteger la memoria de las víctimas.
Analistas en derechos humanos y comunicación señalan que este tipo de controversias refleja la dificultad de representar episodios de violencia sin revictimizar y subrayan que la decisión judicial establece un precedente sobre la protección de la memoria individual dentro de la esfera pública. La medida judicial busca prevenir interpretaciones erróneas que puedan afectar la percepción sobre la justicia y la historia.
Manuel Gaona Cruz fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Durante la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, fue secuestrado por integrantes del M-19 y asesinado tras 28 horas de cautiverio. En total, 94 personas murieron, incluidos 11 magistrados, dejando profundas fracturas institucionales y marcando el debate sobre la responsabilidad compartida entre el Estado y los grupos insurgentes.
Casi cuatro décadas después, la memoria del Palacio de Justicia sigue siendo sensible. Recientemente, el presidente Gustavo Petro afirmó que los magistrados no murieron por disparos del M-19 sino del Ejército, comentario que la familia consideró una negación del papel del grupo insurgente en el asesinato. La declaración reavivó la discusión sobre la interpretación de los hechos y la importancia de la verdad histórica.
La intervención de Juliana Gaona ha centrado la discusión en la voz de las víctimas. “La historia se construye con hechos, no con propaganda. Defender la verdad también honra a quienes dieron su vida por la justicia”, afirmó. Su mensaje busca reforzar la idea de que las víctimas deben ser parte del relato histórico y que la ficción no puede sustituir la evidencia probada.
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La decisión judicial y el video de Juliana Gaona buscan clarificar los hechos históricos, proteger la memoria de las víctimas y recordar que la libertad creativa tiene límites cuando afecta la reputación y dignidad de personas fallecidas. Además, abre el debate sobre la responsabilidad de los medios y creadores de contenido cultural al representar episodios del conflicto colombiano.
El caso también invita a reflexionar sobre cómo las obras de ficción y documentales deben diferenciar claramente la narración artística de los hechos históricos, especialmente cuando involucran víctimas y sucesos violentos de gran repercusión nacional. La sentencia no solo aclara el contenido de la película, sino que establece una guía sobre la protección del legado de quienes entregaron su vida por la justicia en Colombia.
Más allá del caso particular, la intervención de la familia Gaona y la decisión judicial subrayan la necesidad de un ejercicio de memoria responsable que involucre tanto a creadores culturales como al público, para garantizar que la reconstrucción histórica se base en hechos comprobados y respete la dignidad de las víctimas.
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