En un desarrollo judicial significativo, la Corte Constitucional ha emitido un fallo que revoca la prohibición de deducir las regalías petroleras de la reforma tributaria. Este fallo ha generado una rápida respuesta del presidente, Gustavo Petro, quien trinó que "le tocaría" al ministro de Hacienda "recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público". Esta reacción, interpretada como una retaliación inmediata contra la Corte, plantea la incógnita de si el mandatario iniciará una confrontación directa con la justicia.
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La respuesta del presidente Petro al fallo fue veloz y se expresó en dos trinos. En el primero, amenaza con reducir el presupuesto de la justicia, mientras que en el segundo afirma, de manera incorrecta, que el fallo implica "regalar impuestos a las empresas". Esta situación ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Petro inicie un conflicto con el poder judicial a raíz de este desacuerdo en torno a los intereses gubernamentales.
¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalias?
1. Que se considera que la regalia es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña.del subsuelo.
2. Se le regalan impuestos a las empresas…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023
Según fuentes cercanas al proceso, la inclusión de este artículo en la reforma tributaria fue una orden directa del presidente Petro, como parte de su postura anti-petróleo. En una asamblea de la ONU, Petro expresó que el petróleo es más "venenoso para la humanidad" que la cocaína. A pesar de la discrepancia sobre la autoría del artículo, el gobierno argumentó ante la Corte que la deducibilidad de las regalías era crucial para evitar impactos negativos en los más vulnerables, argumento que la Corte no aceptó.
A diferencia de situaciones anteriores, donde Petro acató las decisiones de la Corte, esta vez optó por ir en contra de la institución judicial amenazando con reducir su presupuesto. Esta medida parece ser problemática, ya que el presupuesto de la justicia no es administrado por el ejecutivo, sino por el Consejo Superior de la Judicatura, garantizando así la separación de poderes.Además, el gobierno tiene recursos no utilizados en los bancos, lo que cuestiona la necesidad de recortar el presupuesto de la justicia.
Sin embargo, su trino retaliatorio plantea interrogantes sobre este compromiso, especialmente cuando la Corte está evaluando demandas contra su impuesto al patrimonio y la paz total. En este contexto, el presidente Petro se enfrenta a un escenario desafiante, donde sus acciones y desafíos podrían tener implicaciones significativas en la relación entre el ejecutivo y la judicatura en Colombia.
