Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa de Colombia, ha desatado un escándalo con sus revelaciones explosivas sobre presiones y maniobras inusuales en el seno del Ministerio de Defensa y el ámbito militar colombiano. Sus declaraciones, hechas en una entrevista con la revista Semana en septiembre de 2022, han destapado un intrincado escenario de corrupción y abuso de poder que plantea preguntas incisivas sobre la integridad y transparencia en la adquisición de equipos militares.
Díaz comenzó explicando la urgente necesidad de adquirir helicópteros militares. Estos vehículos eran esenciales para brindar apoyo logístico al helicóptero presidencial y para reemplazar una flota envejecida de helicópteros UH-1N con décadas de servicio. Sin embargo, lo que parecía ser una necesidad legítima se convirtió en un escenario oscuro de presiones inusuales desde el principio.
Díaz afirmó que estas presiones provinieron de un grupo liderado por el coronel Eduardo Mejía, quien afirmó tener conexiones con personas influyentes en el gobierno, incluidos Camilo y Ángela Benedetti, hermanos del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y Camilo Torres. El propósito de este grupo era claro: influir en la decisión de adquirir tres helicópteros de un país aliado, una compra valuada en millones de pesos colombianos. Para persuadir a Díaz, ofrecieron un soborno de 700 millones de pesos.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el coronel Mejía reveló que la primera dama, Verónica Alcocer, estaba interesada en que estos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa. Esto planteó preocupaciones adicionales, ya que Díaz consideraba inapropiado que la primera dama interfiriera en asuntos relacionados con contratistas, especialmente en cuestiones militares donde la toma de decisiones debe basarse en consideraciones técnicas y de seguridad nacional.
Además de estas revelaciones, Díaz compartió detalles sobre una llamada en la que se le informó que el expresidente Juan Manuel Santos le había solicitado que recibiera una comisión en nombre de la empresa estadounidense Bell, que tenía una larga historia de suministro de aeronaves y servicios de mantenimiento a las fuerzas armadas colombianas.
En una reunión posterior, representantes de la empresa Bell insistieron en recibir prioridad para el mantenimiento de las aeronaves C-130. Argumentaron que esto costaría aproximadamente 10 millones de dólares por aeronave, a pesar de que la Fuerza Aérea ya tenía la capacidad técnica y los recursos presupuestarios para llevar a cabo estas reparaciones internamente. La reunión se volvió aún más tensa cuando uno de los representantes estadounidenses hizo una enigmática declaración: "Nosotros sabemos quién es usted, general."
En otro punto destacado, Díaz mencionó un interés particular en desvincular a la Policía del Ministerio de Defensa. En este contexto, señaló la existencia de una corporación llamada Corporación Justicia y Democracia, de la cual el ministro de Defensa era parte. Sorprendentemente, los socios de esta empresa resultaron ser los abogados de Odebrecht en el proceso de Guatemala, específicamente Juan Pablo Carrasco de Groote y Alfonso Carrillo.
Pero una revelación aún más impactante surgió cuando Díaz mencionó una reunión planificada en un apartamento, donde citaron a su esposa. Los asistentes pretendían incluir a Camilo Benedetti, Camilo Torres y Carlos Alberto Dada Barguil, exesposo de la señora Benedetti. Sin embargo, debido a un retraso en la llegada de su esposa, la reunión tomó un giro inesperado.
En esa junta, se tomó la decisión de manchar el nombre de la esposa de Díaz, afirmando que le habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak, de origen israelí. Estas alegaciones levantan interrogantes sobre la veracidad de dicha transacción y el posible abuso de poder para difamar a personas involucradas.
Díaz no se quedó en silencio ante estas acusaciones y puso en conocimiento al ministro Iván Velásquez, quien registró los nombres de las personas involucradas. En conversación el Ministro le informo al Viceministro que sus denuncias debian ser radicadas en la secretaria del Ministerio. Este paso resultó en medidas posteriores, como la vinculación de los computadores de los viceministros al de la secretaria personal del ministro, lo que insinúa una investigación en curso.
En resumen, las revelaciones de Díaz arrojan luz sobre una serie de problemas graves en el Ministerio de Defensa de Colombia, incluyendo corrupción, interferencia política y abuso de poder. Estas alegaciones plantean serias preocupaciones sobre la integridad de las instituciones militares y gubernamentales del país, así como la necesidad de investigaciones exhaustivas y medidas para abordar estas cuestiones críticas.
