Colombia - La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido no aceptar la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, ofrecida por la Presidencia de la República. Este rechazo, comunicado en una carta dirigida a la Presidencia, subraya la postura de la Corte en defensa de los principios de independencia y autonomía judicial. La decisión fue firmada por el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, quien expresó que la Corporación agradece el reconocimiento, pero que opta por no aceptar la distinción “para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”.
La negativa de la Corte llega en un momento de tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Rama Judicial. A esta respuesta se suma la decisión del magistrado José Joaquín Urbano de no tomar posesión de su cargo ante el presidente Gustavo Petro, un hecho que marcó un precedente como el primer caso en el que un magistrado de la alta corte opta por no jurar su cargo ante el presidente. Chaverra consideró este acto como una manifestación de la independencia de la justicia, destacando la importancia de que la Rama Judicial mantenga su autonomía frente a la influencia política.
El rechazo de la condecoración se produce en un contexto donde la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia se ha visto marcada por varios episodios de fricción. En uno de los más comentados, simpatizantes del petrismo sitiaron el edificio de la Corte Suprema con el fin de presionar a los magistrados en la elección de la nueva fiscal general. Estos actos reflejan un ambiente de tensión creciente, en el que la Corte ha reafirmado su autonomía en repetidas ocasiones.
La carta enviada por la Presidencia en la que se ofrecía la condecoración mencionaba la intención de resaltar la “invaluable contribución” de la Corte a la consolidación del Estado de derecho desde su creación en 1886. Sin embargo, Chaverra, en nombre de la Corporación, argumentó que aceptar la distinción podría interpretarse como un compromiso con la influencia del Poder Ejecutivo. “Llego ante usted para expresarle que, consultado el plenario, la Corte Suprema de Justicia agradece el reconocimiento que se hace a su centenaria labor jurisdiccional. Sin embargo, la Corporación ha decidido no aceptar la condecoración con la que se le pretende distinguir, para preservar los principios de autonomía e independencia judicial”, se expresó en la misiva.
La respuesta de la Corte no solo representa un rechazo a la condecoración, sino también una reafirmación de su papel como garante de la independencia judicial. Este acto simbólico busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de que la justicia funcione libre de presiones externas. El hecho de que la Corte, a través de sus miembros, haya decidido actuar de manera unificada refuerza la percepción de un compromiso inquebrantable con la autonomía del poder judicial.
En paralelo, el presidente Petro ha mantenido una postura crítica hacia la Corte, cuestionando sus decisiones y procedimientos en varias ocasiones. Esta dinámica de confrontación ha generado un ambiente de incertidumbre sobre cómo se desarrollarán las relaciones entre los dos poderes en el futuro. La decisión de la Corte y el acto de Urbano se suman a otros episodios que evidencian la resistencia del órgano judicial frente a las presiones del Ejecutivo.
Con este rechazo, la Corte Suprema de Justicia busca no solo proteger su independencia, sino también preservar la integridad de sus funciones. El tema de la autonomía judicial se ha convertido en un punto de debate en Colombia, donde se observa con atención cada acción y respuesta entre los poderes del Estado. La medida se suma a una serie de gestos que destacan la posición de la Corte como un contrapeso a la influencia política, recordando a la ciudadanía la importancia de un poder judicial independiente.
Las tensiones entre la Corte y el gobierno Petro han puesto en el centro de la conversación el papel de las instituciones en la estructura de poder del país. En este contexto, el rechazo de la condecoración por parte de la Corte subraya la necesidad de mantener la separación de poderes y evitar la percepción de que la justicia está subordinada a los intereses del Ejecutivo.
