Colombia - La Contraloría General de la República informó sobre hallazgos fiscales por un total de $84.898 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La auditoría financiera realizada para el año 2023 reveló diecisiete hallazgos, de los cuales catorce tienen presunta incidencia disciplinaria, uno otra incidencia, y seis tienen incidencia fiscal.
El hallazgo de mayor cuantía, que ascendió a $68.101.994.018, se debió a la destinación indebida de recursos del Fomag para el pago de sanciones moratorias, en contravención a la Ley 1995 de 2019, artículo 57. Este uso inadecuado de los recursos destinados a fines específicos generó un significativo detrimento fiscal.
Además, se identificaron otros pagos irregulares con recursos del Fomag. Entre ellos, sanciones moratorias por $8.991.067.608 debido a pagos tardíos de solicitudes de cesantías y fallos judiciales. Asimismo, se detectaron intereses moratorios por $3.419.184.418 ocasionados por el incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del Código Contencioso Administrativo y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
La Contraloría también señaló irregularidades en los pagos de mesadas pensionales. Se efectuaron pagos posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y se realizaron pagos indebidos a docentes y beneficiarios residentes en el exterior con certificados de supervivencia vencidos, por un valor de $3.716.036.876.
Estos hallazgos indican una posible corresponsabilidad de Fiduprevisora, en su calidad de vocera y administradora del Fomag, y de las entidades territoriales. La Contraloría reiteró la necesidad de desarrollar mecanismos eficientes y eficaces para la administración de estos recursos públicos, a fin de evitar situaciones recurrentes que lesionan el patrimonio de los colombianos.
El llamado de la Contraloría se centra en la importancia de adoptar medidas que garanticen una gestión adecuada de los recursos del Fomag, evitando pagos indebidos y sanciones moratorias que afectan negativamente las finanzas públicas. La entidad insta a la implementación de soluciones que aseguren la correcta destinación de los fondos, conforme a las normativas vigentes.
La auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, subraya la importancia del control fiscal en la preservación del patrimonio público y en la mejora de la gestión de recursos destinados a la educación y bienestar de los docentes.
