Bogotá, D.C - 12 de octubre de 2023. La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, ha imputado una responsabilidad fiscal significativa por valor de $67.970 millones debido a irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato suscrito entre el Fondo Único de TIC y Centros Poblados 2020.
La imputación de responsabilidad fiscal se dirige hacia los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, así como a los miembros del Consorcio PE2020 C Digitales en su función de interventores del proyecto.
Las irregularidades señaladas se relacionan con la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, que se caracterizó por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna. Esto se tradujo en el incumplimiento de la meta 6 de la fase de instalación del proyecto, ya que no se logró la entrega completa de equipos necesarios para su culminación.
Este incumplimiento tuvo consecuencias negativas, ya que impidió el logro de los objetivos estatales vinculados al proyecto Centros Digitales. El propósito del proyecto era instalar 7.277 centros digitales en la región B, distribuidos en los 16 departamentos del país, con el fin de ofrecer soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito. Además, se detectaron deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría conforme al contrato 1045 de 2020.
En el marco del proceso de responsabilidad Fiscal No. 80011-2021-39465, se determinó que los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en calidad de contratistas, no cumplieron con los términos del contrato 1043 de 2020, lo que frustró los propósitos esenciales del Estado relacionados con el proyecto Centros Digitales en la región B.
Como resultado de esta situación, el contrato fue terminado anticipadamente, lo que implicó la restitución de los recursos públicos debido a la obligación incumplida. Además, se identificó la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se habrían desembolsado los recursos del anticipo. El socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos también enfrenta imputación de responsabilidad por no entregar los equipos, lo que contribuyó al daño causado.
La responsabilidad fiscal también se extiende a los miembros del consorcio interventor, quienes aprobaron órdenes de pago sin una verificación adecuada de los documentos de respaldo y sin cumplir las condiciones pactadas para acceder a los recursos.
Este organismo pasó por alto la solicitud de una reunión extraordinaria del comité fiduciario, lo que habría evitado el desembolso de recursos debido al incumplimiento inminente en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de equipos.
Finalmente, la responsabilidad fiscal se imputa a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quienes omitieron sus deberes conforme al manual de funciones de la entidad. En contraste, 15 presuntos responsables fiscales han sido desvinculados y archivados debido a la falta de pruebas que los incriminen en la gestión fiscal deficiente.
Los responsables fiscales a quienes se les imputa culpa grave son los siguientes:
• Adriana Meza Consuegra, quien se desempeñó como exsecretaria general del MinTIC.
• Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC.
• Camilo Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura de MinTIC y supervisor del contrato.
• La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, como miembro de la Unión Temporal Centros Poblados. • ICM Ingenieros, Omega Buildings e Intec de la Costa.
Emilio Tapia fue absuelto de responsabilidad fiscal, a pesar de su rol en el escándalo que afectó a estudiantes en áreas remotas al privarlos de acceso a Internet.
Sin embargo, es relevante mencionar que su principal socio en el contrato, Juan Carlos Cáceres, enfrentará la responsabilidad por el detrimento causado. De igual manera, Luis Fernando Duque, quien ocupó el cargo de representante legal del consorcio que se adjudicó el proyecto, deberá responder por las irregularidades detectadas.
Es importante destacar que la exministra Karen Abudinen no fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal, ya que no tenía el rol de Gestora Fiscal en la contratación.
La Contraloría General de la República continúa vigilando de cerca la ejecución de contratos públicos y tomando medidas enérgicas para asegurar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en el uso de los mismos.
