Contraloría alerta riesgo de quedarnos sin pasaportes

Contraloría alerta riesgo de quedarnos sin pasaportes
Miércoles, Julio 23, 2025 - 08:00

Contraloría alerta riesgo de quedarnos sin pasaportes

El contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons vence el 31 de agosto sin reemplazo definido. La Contraloría advierte posible afectación al servicio que dejaría a colombianos sin documentos para viajar, estudiar o trabajar en el exterior.
Miércoles, Julio 23, 2025 - 08:00
imagen de pasaportes listos para entrega

Colombia – La Contraloría General de la República encendió las alarmas este martes al advertir un inminente riesgo de afectación en la expedición de pasaportes en el país, pese a la firma de nuevos convenios entre la Cancillería y la Imprenta Nacional.

El ente de control emitió una Alerta de Control Interno dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, señalando que no se ha superado la situación de riesgo en la producción de pasaportes, lo que podría afectar la libertad de locomoción de los colombianos garantizada en la Constitución.

Según la Contraloría, aunque el pasado 18 de julio se suscribió el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No.007 de 2025 y el Convenio Interadministrativo Específico No.001 de 2025 para implementar el nuevo modelo de producción de pasaportes, la entidad no evidencia la definición de aliados estratégicos para garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio.

Actualmente, el contrato vigente para la expedición y personalización de libretas de pasaportes, suscrito con Thomas Greg & Sons de Colombia, vence el próximo 31 de agosto. Sin embargo, ni la Imprenta Nacional como ejecutora del nuevo modelo ni el Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de la expedición han suscrito contratos para mantener el servicio sin interrupciones.

La Contraloría advirtió un riesgo inminente de afectación en la expedición de pasaportes debido a que el contrato actual con Thomas Greg & Sons de Colombia vence el 31 de agosto de 2025 y, hasta el momento, no existen nuevos contratos o aliados estratégicos definidos para garantizar la continuidad del servicio. Aunque no se habla de un desabastecimiento total inmediato, la alerta indica que si no se adoptan medidas extraordinarias antes de esa fecha, el país podría enfrentar retrasos, dificultades de expedición y potenciales limitaciones para los colombianos que requieran el documento, mientras se implementa el nuevo modelo previsto para marzo de 2026.

“De no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrada en la Carta Política de 1991, la cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”, advirtió la Contraloría General en su comunicado.

El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra envió la alerta tras analizar los convenios firmados entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, considerando que no se supera la situación de riesgo, ya que no se evidencia el plan concreto de implementación ni la identificación de los contratistas requeridos.

La fecha límite para implementar el nuevo modelo quedó fijada para el 31 de marzo de 2026. No obstante, la Contraloría señala que la Imprenta Nacional no tiene definidos sus aliados estratégicos ni las modalidades de contratación para ejecutar el modelo en el corto plazo, mientras el tiempo avanza hacia el vencimiento del contrato actual.

Además, el Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, manifestó en comunicación oficial que tanto la Cancillería como la Imprenta se encuentran en latente riesgo de incumplir lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política y en el Decreto 869 de 2016.

Declaraciones del contralor delegado↙️

El artículo 24 de la Constitución establece que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. Por su parte, el Decreto 869 de 2016 regula la expedición de pasaportes y visados para connacionales y extranjeros.

La Contraloría destacó que la alerta es producto de su ejercicio de control concomitante y preventivo para evitar afectaciones en el servicio público y las posibles consecuencias sociales derivadas de la falta de expedición oportuna de los pasaportes.

Entre las preocupaciones más relevantes del ente de control está que, hasta la fecha, la Imprenta Nacional no ha suscrito contratos que garanticen la personalización, custodia, distribución y entrega de libretas de pasaportes ni de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. 

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En su análisis, la Contraloría no encontró condicionamientos claros sobre el tipo de aliados estratégicos o la modalidad de selección que la Imprenta Nacional podrá suscribir para ejecutar el nuevo modelo, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

El convenio interadministrativo firmado busca aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos, humanos y tecnológicos para implementar el nuevo modelo de pasaportes, siendo la Imprenta Nacional la responsable de su ejecución.

Sin embargo, la Contraloría insiste en que el riesgo persiste si no se definen, contratan y garantizan con claridad los actores que participarán en la cadena de producción y personalización de estos documentos de viaje.

La expedición de pasaportes es un servicio fundamental para la movilidad internacional de los ciudadanos colombianos. Su interrupción puede generar múltiples afectaciones, desde retrasos en viajes programados hasta complicaciones en procesos migratorios, laborales o académicos en el exterior.

Por ahora, la Contraloría exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional a adoptar las acciones que consideren procedentes para mitigar el riesgo y asegurar la prestación continua del servicio, en cumplimiento de su obligación como entidades estatales.

Esta alerta se enmarca en la función de vigilancia preventiva de la Contraloría General, que busca anticiparse a posibles afectaciones al bienestar de la ciudadanía y a la operatividad del Estado en sus funciones esenciales.

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