Bogotá - El Ministerio de Ambiente de Colombia se encuentra bajo la lupa de la opinión pública debido a graves acusaciones que sugieren su implicación en el denominado "cartel de la chatarrización". Estas denuncias, que también involucran al Ministerio de Transporte, señalan presuntas irregularidades en la Certificación Ambiental de la Unión Temporal Rym SAS, una firma que, alarmantemente, no posee el estatus de persona jurídica, un requisito legal fundamental para su registro y habilitación en el proceso de chatarrización. Esta empresa es propiedad de Rafael Naranjo.
Sospechas en torno a funcionarios del Ministerio de Ambiente
Las acusaciones se centran en Mario Orlando López Castro, funcionario del Ministerio de Ambiente, quien al parecer habría prevaricado por acción al intentar avalar a la Unión Temporal Rym SAS con un documento oficial, alegando que la entidad estaba sujeta a los términos legales vigentes.
Estas acciones habrían permitido la operación de la Unión Temporal de manera ilegal, a pesar de las continuas y múltiples denuncias al respecto.
RED VER alza su voz contra la corrupción
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RED VER) ha levantado su voz ante lo que considera un posible entramado de corrupción relacionado con la chatarrización de miles de vehículos, tanto en la Alcaldía de Medellín como en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estas denuncias han puesto la mira sobre Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN.
La Unión Temporal RYM S.A.S., propiedad de RAFAEL NARANJO, se convierte en el epicentro de las denuncias realizadas por la RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA. Pablo Bustos, presidente de esta organización, afirma que esta Unión Temporal estaría "ilegalmente habilitada" al carecer del certificado de existencia y representación legal, un requisito indispensable para su habilitación. Además, se mencionan otros incumplimientos ambientales.
Se alega que esta Unión Temporal ha recibido irregularmente incentivos por chatarrización por más de $720 mil millones, con la aprobación de los Ministerios de Transporte y Ambiente, lo que ha inducido a error a otras entidades nacionales, como la DIAN, la Fiscalía, la Defensa Civil y la Escuela Militar de Aviación, en procesos de contratación estatal, incluyendo el de la DIAN.
El "Zar de la chatarra"
Se ha revelado que Naranjo Pérez participó en la subasta de la DIAN con la misma unión temporal con la que ganó el cuestionado contrato en Medellín. Este hecho es irregular ya que las uniones temporales no tienen personería jurídica.
Para corregir esta situación, Naranjo Pérez creó otra unión temporal con el mismo nombre, RYM S.A.S., pero incluyendo como socio a la Unión Temporal HAQ STEElS PVT S.A.S., que también está inhabilitada. Finalmente, la DIAN habilitó a la Unión Temporal SCT MERL S.A.S. para competir en la subasta, donde ambas empresas presentaron ofertas idénticas de aproximadamente 1.580 pesos por kilo de chatarra, resultando en un empate.
Denuncia de Precios Irregulares
El proceso de subasta pública (SAEBSU-00-002-2023) de la DIAN busca vender chatarra y vehículos en proceso de desintegración. Sorprendentemente, la Unión Temporal RYM S.A.S. está a punto de adjudicarse este negocio, a pesar de estar involucrada en investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, cabe resaltar que la preocupación señalada, es que este es un proceso es muy similar, al caso tan mencionado de chatarrización de Medellín, que tiene unos visos de un presunto pliego sastre, en el cual la firma quedó como único oferente, y esta pagó solo 98 pesos por kilo de chatarra, muy por debajo de su valor real, lo que generó una denuncia contra el alcalde Daniel Quintero.
Denuncias y Audio Comprometedor
En un giro inesperado, todos los oferentes fueron inhabilitados en la DIAN, salió a la luz un audio en el que Rafael Naranjo Pérez, propietario de la Unión Temporal RYM S.A.S., intenta intimidar a un proponente para eliminar la competencia y quedar como el único oferente.
Ante estas graves denuncias, la RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA solicita que las autoridades pertinentes, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, se pronuncien sobre este presunto entramado ilegal que ha involucrado a la Unión Temporal durante más de siete años desde su creación en febrero de 2016. La necesidad de una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas son imperativas en este caso.
