Colombia – Según revelaciones recientes, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder del Bloque Jorge Briceño de las disidencias FARC, habría logrado infiltrar en unidades del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), utilizando redes de funcionarios activos para evadir controles y acceder a información estratégica.
El general (r) Juan Miguel Huertas Herrera, director del Comando de Personal del Ejército desde julio de 2025, aparece en los archivos como puente entre las disidencias y la institución militar. Huertas, quien fue retirado en 2020 por el gobierno de Iván Duque tras investigaciones de la JEP sobre presuntos falsos positivos en Antioquia y Córdoba, fue reintegrado por orden directa del presidente Gustavo Petro. Los documentos señalan que Huertas participó en la propuesta de una "empresa de seguridad" con disidencias FARC para transportar armas y personal armado en vehículos estatales blindados, y compartió códigos de frecuencias radiales para evitar operativos. Su posición clave para ascensos y movimientos dentro del Ejército permitió a las disidencias acceder a información sobre rutas y procedimientos internos.
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Wilmar Mejía, apodado "el Chulo", alto funcionario de la DNI, figura como intermediario que facilitaba la movilidad de las disidencias y evitaba inspecciones durante operaciones militares. Mejía, oriundo de Medellín y especializado en operaciones contra el Clan del Golfo y el ELN, habría coordinado reuniones con Huertas y viajes estratégicos, incluso a Venezuela, para recabar datos de inteligencia, además de mantener acuerdos de no agresión en regiones como Catatumbo, donde no se registraron bajas desde 2023. Su ascenso en la DNI desde 2022 le otorgó influencia en contrainteligencia y “gestores de paz”.
El coronel (r) Juan Carlos Mazo, director de Indumil, también aparece en los registros de reuniones con Huertas y Mejía. Los archivos lo ubican como enlace logístico para trasladar armas de manera “legalizada” mediante la supuesta empresa de seguridad, aprovechando su experiencia en transporte militar y armamento, incluyendo la movilización de fusiles y municiones en vehículos estatales. Es señalado de influenciar retiros o ascensos en el ejercito para perjudicar carreras militares y desestabilizar la institución
La coordinación de Huertas, Mejía y Mazo permitió a las disidencias eludir operativos y movilizar recursos armados sin ser interceptados, reflejando vulnerabilidades en el control de información sensible. Expertos en seguridad señalan que esta penetración estratégica podría repetirse si no se refuerzan los controles internos en el Ejército y la DNI. Además, la supuesta vinculación con campañas políticas genera cuestionamientos sobre transparencia y supervisión de recursos en procesos electorales recientes.
Alexander Díaz Mendoza, Alias Calarcá, líder del Bloque Jorge Briceño de las disidencias FARC, habría recibido información estratégica sobre rutas de movilidad de tropas, frecuencias radiales y procedimientos internos del Ejército. El acceso a estos datos habría sido facilitado por Huertas y Mejía, quienes aprovecharon su estatus institucional y la política de “Paz Total”, que limitaba operaciones directas contra disidencias, para evadir retenes y operativos.
La vicepresidenta Francia Márquez, de 43 años, es mencionada en los archivos como “puente” en supuestos acuerdos electorales de 2022, facilitando entregas de recursos financieros de las disidencias en Cauca y Nariño. Márquez negó categóricamente los señalamientos, aunque los registros han impulsado investigaciones sobre posibles irregularidades en la financiación de campañas políticas.
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En el plano judicial, la Fiscal General Luz Adriana Camargo, de 52 años, tuvo acceso a estos archivos desde julio de 2024, pero no tomó medidas inmediatas. Hasta el 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía no ha ofrecido explicaciones sobre la inacción de 16 meses frente a pruebas de filtraciones y posibles vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó investigaciones internas y solicitó celeridad a la Fiscalía, mientras la Procuraduría abrió indagación preliminar por presunta suplantación de funciones y omisión. Sectores de la oposición y la opinión pública exigen explicaciones claras y la posible destitución de funcionarios involucrados.
El alcance de la infiltración afecta directamente la percepción de seguridad en Antioquia, Catatumbo y Guaviare, regiones donde operan las disidencias de Calarcá. Autoridades regionales deben evaluar impactos en la coordinación de operaciones militares y el control territorial, así como revisar medidas de protección para gestores de paz y excombatientes bajo programas estatales.
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