Bogotá, D.C.- La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales, anunció que la entidad ha recibido, con corte al primero de octubre, 2.130 quejas por presuntos delitos electorales de servidores públicos.
La jefe del Ministerio Público destacó que 375 de estas quejas son contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la Organización Electoral.
De las 2.130 quejas recibidas, 601 son por indebida participación en política, lo que representa cerca del 30% del total. La Procuradora expresó su preocupación, ya que esta es una cuestión en la que la Procuraduría ha insistido constantemente.
En el evento realizado en Bogotá, Cabello Blanco también informó que, además del monitoreo de inhabilidades de los candidatos, se ha creado la Comisión Disciplinaria Especial. Esta comisión tiene como objetivo coordinar y llevar a cabo la instrucción de las actuaciones disciplinarias relacionadas con el proceso electoral previsto para el 29 de octubre.
La Procuradora reiteró que, aunque corresponde a la Procuraduría General de la Nación remitir al Consejo Nacional Electoral la lista de candidatos con anotaciones que generan inhabilidades, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene la competencia exclusiva para decidir sobre la revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Estas decisiones se toman cuando existen pruebas sólidas de que los candidatos están incursos en causales de inhabilidad previstas en la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y las garantías de los investigados.
Finalmente, la Procuradora destacó que la potestad disciplinaria de la entidad se ha fortalecido, en parte debido al nuevo Código General Disciplinario y a la sentencia C – 030 de 2023 de la Corte Constitucional. La Procuradora afirmó que no se detendrán en su lucha por corregir la indisciplina en la función pública, especialmente en momentos en los que está en juego la transparencia de las elecciones y, por ende, el derecho a la participación de millones de personas y la democracia colombiana.
