Tarifa de Air-e baja a 795 pesos kWh en octubre

Tarifa de Air-e baja a 795 pesos kWh en octubre
Sábado, Octubre 4, 2025 - 12:15

Tarifa de Air-e baja a 795 pesos kWh en octubre

La tarifa de energía de Air-e se reduce a 795,93 pesos kWh en octubre en Barranquilla y la Costa Caribe tras suspensión parcial de cobros por pérdidas y anticipos de inversión, beneficiando hogares y negocios locales con menor costo eléctrico.
Sábado, Octubre 4, 2025 - 12:15
Ahorro en el servicio de energía

Barranquilla – La tarifa de energía de Air-e para octubre se redujo oficialmente a $795,93 por kilovatio hora, marcando la primera caída importante en más de dos años en la Costa Caribe y generando debate sobre los factores que explican esta rebaja.

La reducción representa cerca de 90 pesos frente a septiembre, cuando se cobraba $885,71 por kWh, y más de 140 pesos respecto a julio, mes con un valor de $938,16. Aunque Air-e no ha detallado públicamente la composición del ajuste, analistas señalan que la variación coincide con la suspensión parcial de cobros por pérdidas no técnicas y el anticipo de inversiones.

Comparativo mensual de Air-e y Afinia

Mes

Tarifa Air-e (kWh)

Tarifa Afinia (kWh)

Julio 2024

$938,16

$940,00

Septiembre 2024

$885,71

$902,50

Octubre 2024

$795,93

$812,00

Air-e domina Atlántico, Magdalena y La Guajira; Afinia cubre Bolívar, Córdoba, Sucre y parte de Cesar.

Este régimen tarifario especial fue creado mediante la Resolución CREG 010 de 2020 y extendido con las resoluciones 078 y 079 de 2021, que permitieron a Air-e y Afinia trasladar al usuario valores asociados a pérdidas por hurtos y fraudes, cobrar inversiones anticipadas y aplicar una sobretasa del 20% en comercialización.

La baja de octubre se da luego de varios eventos verificables. El 11 de abril de 2024, más de diez mil ciudadanos marcharon en simultáneo en los siete departamentos de la Costa Caribe reclamando la revisión del régimen especial.

En paralelo, los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Ángel Álzate y Edward Orozco, presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico solicitando suspender los cobros considerados injustos. El tribunal emitió medidas cautelares que obligaron a la CREG a revisar la estructura tarifaria.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, liderada por Norman Blanco, ha seguido de cerca estos cambios. Blanco indicó que la reducción en la factura confirma que la presión social y legal tuvo efecto: "Esta rebaja es el resultado del clamor ciudadano y de la acción jurídica. No descansaremos hasta que se elimine por completo el régimen que ha afectado a la región", afirmó durante una reunión en Mompox el 2 de octubre.

Aún persiste la sobretasa del 20% en comercialización, y organizaciones de usuarios estiman que su eliminación podría reducir otros 50 pesos por kWh.

Expertos explican que la rebaja también coincide con un aumento en la disponibilidad hídrica, con embalses por encima del 80%, lo que permite mayor generación hidráulica, más económica que la térmica.

Dependencia de factores climáticos no asegura sostenibilidad. Especialistas señalan que se requiere resolución definitiva de la CREG para definir componentes que deben asumir los usuarios y los que corresponden a subsidios o a las distribuidoras.

El mantenimiento de la rebaja dependerá de la decisión del regulador sobre la sobretasa pendiente. No hay confirmación oficial sobre si se eliminará gradualmente.

La discusión sobre tarifas se reactivará en Mompox con delegados de la Superservicios, Afinia, autoridades locales y la Liga de Usuarios para revisar procedimientos de reclamación y medidores prepago.

El modelo prepago genera preocupación: usuarios advierten que podría cortar suministro a hogares que no recarguen a tiempo. Superservicios enfatiza que cualquier implementación debe cumplir protocolos de información y respaldo.

La rebaja a $795,93 ofrece alivio temporal, pero la estructura tarifaria sigue siendo más alta que en otras regiones y la eliminación parcial de sobrecargos no garantiza que no se reincorporen bajo otro nombre.

Gremios comerciales e industriales esperan que el ajuste impacte en menores costos operativos. El sector financiero monitorea tarifas, que influyen en inflación y poder adquisitivo.

El futuro depende de decisiones regulatorias y vigilancia ciudadana sobre la facturación. La experiencia reciente demuestra que la articulación entre ciudadanía y entes de control puede incidir en decisiones técnicas.

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