Colombia - El Ministerio Público ha anunciado que solicitará la revocatoria directa de la suspensión del trámite de licencia para el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos en el bloque COL-1 del Caribe colombiano, solicitado por Ecopetrol. La medida busca abordar las deficiencias en el proceso de licenciamiento ambiental que han surgido debido a la falta de coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La decisión de solicitar la revocatoria se basa en una revisión exhaustiva que identificó problemas significativos en la gestión del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este comité tiene la responsabilidad de asesorar y hacer recomendaciones sobre licencias para proyectos de alto impacto. La Procuraduría ha señalado que las irregularidades en la convocatoria y el funcionamiento del comité han contribuido al retraso en la licencia ambiental para el pozo Komodo-1, un proyecto clave para el sector energético.
Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha confirmado que intervendrá directamente para asegurar que el trámite cumpla con los procedimientos regulatorios adecuados. La revocatoria de la suspensión del trámite es vista como una medida para evitar mayores retrasos en el proyecto, que ha visto una inversión previa de 35 millones de dólares por parte de Ecopetrol. La inversión también incluye una inversión social prevista de 7 mil millones de pesos, destinada a la mejora de la infraestructura y servicios en las comunidades cercanas al proyecto.
El retraso en la licencia ha impactado negativamente el cumplimiento de las metas de exploración de gas natural, con 40 pozos planificados para 2024. La Procuraduría ha propuesto la creación de una mesa de trabajo permanente que incluya a representantes del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, y otros sectores relevantes. El objetivo es mejorar la coordinación y resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento.
Ecopetrol, que posee una participación del 40% en el proyecto Komodo-1, ha indicado que la suspensión del trámite afecta no solo la inversión realizada, sino también el desarrollo de la capacidad del país para explorar y explotar recursos energéticos en el Caribe colombiano.
La Procuraduría General de la Nación ha enfatizado la necesidad de cumplir con la normativa vigente para garantizar una resolución adecuada y evitar impactos adicionales en el proyecto de exploración de gas offshore.
