Barranquilla D.E.I.P- La empresa Air-e, proveedora de servicios energéticos, se encuentra enfrentando una desafiante situación financiera debido a las deudas acumuladas por múltiples entidades públicas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Ante esta coyuntura, el gremio energético insta a la urgente negociación de un acuerdo de pago, considerando la necesidad de mantener la liquidez en medio de los crecientes costos de energía en el mercado y la inminente llegada del fenómeno de El Niño.
Según los registros contables de la compañía, la deuda pendiente asciende a un total de $49.225 millones, derivados de la falta de pago por parte de 3,696 establecimientos públicos. Un significativo 66% de esta suma corresponde a intereses acumulados debido a la morosidad en los pagos.
Entre estos establecimientos, 1,552 son instituciones educativas que durante varios años han acumulado facturas sin abonar, alcanzando un monto total de $8,763 millones, con el 33% de esta cifra compuesta por intereses acumulados.
No obstante, los entes más morosos no pertenecen al sector educativo, sino que incluyen las sedes de alcaldías, cárceles y centros culturales. En total, 1,617 establecimientos de este tipo, distribuidos en los tres departamentos mencionados, suman una deuda conjunta de hasta $6,322 millones.
El sector salud también representa un desafío significativo para Air-e, con una deuda de $20,264 millones acumulada por 317 hospitales y puestos asistenciales. Esta suma equivale al 41% del total de la deuda que la empresa enfrenta con entidades del sector público.
Es importante destacar que la compañía Air-e tomó la decisión de acogerse al Procedimiento de Recuperación Empresarial el pasado 6 de octubre, tras presentar una solicitud a la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta medida se mantendrá vigente hasta que el gobierno apruebe un proyecto que permita intervenir en el mercado, facilitando la compra de energía a crédito en la bolsa.
La situación financiera de Air-e y las deudas pendientes de diversas entidades públicas representan un desafío considerable para el sector energético en la región, destacando la necesidad de un acuerdo de pago inmediato para garantizar la continuidad de los servicios y la estabilidad del mercado.
