El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha generado polémica al afirmar que la retención de 78 policías en el departamento de Caquetá, Colombia, “No fue un secuestro sino un cerco humanitario”.
En el marco de este hecho, protagonizado por la guardia campesina y que dejó el asesinato del subintendente de la Policía Ricardo Arley Monroy Prieto, en video que circula en redes sociales, el ministro asegura que los uniformados estaban protegidos y que se evitó una confrontación. Además, Prada hizo un llamado para no estigmatizar a las comunidades que protestan y reclaman derechos.
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Las declaraciones del ministro han sido cuestionadas por varias organizaciones, que consideran que la retención de los policías sí fue un secuestro. Según la Defensoría del Pueblo, la retención de los uniformados constituyó una violación del derecho a la libertad individual y una amenaza para la integridad física y psicológica de los policías.
La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y de Policía también se pronunció al respecto, calificando la retención de los policías como un acto terrorista. Según la organización, la retención de los uniformados es un ejemplo de la falta de seguridad y de la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido la actuación del ministro Prada y ha reiterado su llamado al diálogo para solucionar los problemas del campo colombiano. En una rueda de prensa, Petro afirmó que "lo que queremos es que no haya más secuestros, pero también queremos que no haya más represión contra las comunidades campesinas y que se respeten sus derechos".
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Las organizaciones campesinas que protagonizaron la retención de los policías han afirmado que su protesta fue pacífica y que no tenían intención de dañar a los uniformados. Según ellos, la retención de los policías fue una forma de presión para que el gobierno atienda sus demandas en materia de acceso a la tierra, educación y salud.
El ministro Prada ha anunciado que el Gobierno nacional iniciará una campaña contra la estigmatización de los líderes y lideresas sociales en el territorio. Además, se comprometió a revisar la totalidad de las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones campesinas y hacerle seguimiento a cada una de ellas.
