Colombia - El Gobierno Nacional de Colombia aprobó el Decreto 1523 del 18 de diciembre, que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2025, fijado en $511 billones. Esta medida se toma luego de que el Senado rechazara el proyecto de PGN y no lograra aprobar la Ley de Financiamiento, lo que implicó la eliminación de $12 billones que inicialmente se habrían incluido en el presupuesto.
El decreto que establece el presupuesto para el próximo año responde a la falta de consenso en el Congreso, donde las comisiones económicas no dieron viabilidad al proyecto que había sido presentado por el Ministerio de Hacienda. La decisión de recurrir al mecanismo de un decreto presidencial surge como una medida excepcional, después de que el Senado de la República no aprobara el presupuesto dentro de los plazos establecidos por la ley.
El conflicto comenzó el 24 de septiembre de 2024, cuando el Senado de la República rechazó el proyecto de PGN 2025, semanas antes del cierre del plazo. Las comisiones Terceras y Cuartas de la Cámara de Representantes y el Senado decidieron no darle viabilidad a la propuesta presentada por el Ejecutivo. Este rechazo dejó al Gobierno sin una base sólida para el presupuesto del año siguiente.
Pese a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para convencer al Congreso de aprobar el presupuesto, 
la falta de acuerdo obligó al Ejecutivo a recurrir a un decreto presidencial para asegurar la asignación de recursos para 2025. Este tipo de medidas son legales, pero también reflejan las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el país.
Uno de los puntos clave en la discusión del presupuesto fue la Ley de Financiamiento, que también fue rechazada el 11 de diciembre. La ley, que estaba destinada a garantizar los recursos para el financiamiento del presupuesto, no fue aprobada por el Congreso, lo que dejó fuera los $12 billones que habrían formado parte del monto total.
La eliminación de estos recursos hace que el PGN para 2025 se ajuste a $511 billones, cifra menor a los $523 billones inicialmente propuestos. Según el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estos $12 billones eran fundamentales para varios proyectos que dependían de la aprobación de la Ley de Financiamiento, pero al no haberse dado, la medida queda fuera del presupuesto.
Ante la falta de acuerdo en el Congreso, el Gobierno decidió tomar acciones conforme a lo establecido en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en el artículo 348 de la Constitución Nacional. Estos artículos otorgan al Ejecutivo la facultad de expedir el presupuesto mediante un decreto presidencial si el Congreso no aprueba el PGN dentro del tiempo establecido.
El Ministerio de Hacienda aclaró que, aunque la Ley de Financiamiento no fue aprobada, los recursos que se excluyeron del presupuesto se consideraban contingentes. Esto significa que, aunque el presupuesto aprobado por decreto es menor, el Gobierno mantiene la capacidad de ejecutar los planes previstos para 2025, a pesar de las restricciones fiscales.
La expedición del presupuesto por decreto tiene un impacto directo en las finanzas nacionales. Aunque el Gobierno ha asegurado que la situación no afectará la ejecución de los planes para 2025, los $12 billones eliminados de la Ley de Financiamiento pueden generar un ajuste en algunas áreas del presupuesto, particularmente en los proyectos que dependían de esos recursos.
Desde la perspectiva de algunos analistas, la medida refleja las dificultades de alcanzar consensos dentro del Congreso sobre la asignación de recursos y la política fiscal del país. Esta situación subraya la importancia de que el Gobierno y el Congreso encuentren mecanismos de diálogo para evitar futuros bloqueos legislativos que puedan afectar la estabilidad económica.
La falta de acuerdo en el Congreso y la posterior expedición del presupuesto mediante un decreto presidencial no solo afectan las finanzas del país, sino también las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, enfrenta un desafío en términos de lograr estabilidad política y económica para el próximo año, mientras que el Congreso sigue dividido en cuanto a las políticas fiscales y presupuestarias.
La situación también pone de manifiesto las tensiones entre los diferentes sectores políticos del país, que no lograron ponerse de acuerdo en temas clave como la financiación pública y la asignación de recursos. A medida que avanza el año, se espera que el Gobierno y el Congreso continúen buscando soluciones para resolver estos conflictos, con miras a garantizar una gestión fiscal más estable.
Este escenario pone a prueba la capacidad de las instituciones para trabajar en conjunto y encontrar soluciones a largo plazo para los desafíos fiscales y económicos que enfrenta Colombia. La expedición del PGN mediante decreto es solo una parte de una problemática más amplia que afecta la gestión pública en el país.
