Colombia - El presidente Gustavo Petro anunció que el próximo martes 18 de marzo será declarado día cívico con el fin de facilitar la participación de los ciudadanos en las manifestaciones de apoyo a la consulta popular. La decisión, comunicada durante un evento en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha generado reacciones sobre su legalidad, dado que la medida no ha sido formalizada mediante decreto ni cuenta con respaldo institucional.
Durante su intervención en la entrega de tierras para la ampliación del Resguardo Indígena en la finca Anastasia, Petro afirmó que "el martes será día cívico porque se inicia la campaña por el sí". Según el mandatario, la consulta popular busca beneficiar a más de 30 millones de trabajadores, incluyendo tanto a asalariados como a quienes no reciben un sueldo fijo. Sin embargo, no se han detallado los mecanismos a través de los cuales esta consulta influiría en la legislación laboral.
El anuncio ha provocado interrogantes sobre la naturaleza de la convocatoria, pues un día cívico usualmente se decreta mediante normativas oficiales y está asociado a eventos de interés público o conmemoraciones nacionales. En este caso, al estar vinculado a un acto de movilización política, analistas han señalado que podría tratarse de un llamado electoral más que de una medida administrativa.
Petro insistió en que la jornada será una demostración del poder popular en las calles y reiteró que “ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley". 
El jefe de Estado también vinculó la consulta popular con la necesidad de presionar al Senado de la República para que apruebe reformas en materia laboral y social. "El día inicial de la consulta popular empiezan a configurarse los comités del sí, para que el Senado diga sí por mayoría y no le dé la espalda al pueblo", expresó Petro, sugiriendo que el proceso se extenderá en el tiempo y podría incluir propuestas sobre la jornada laboral y el pago de horas extras.
El anuncio se da en un contexto de polarización política y económica, donde distintos sectores han manifestado preocupación por la viabilidad de la consulta y el impacto de un día cívico en la productividad nacional. Mientras el gobierno respalda la iniciativa como un ejercicio democrático, críticos advierten que su ejecución podría enfrentar desafíos legales y administrativos en el sector empresarial y en el ámbito constitucional.
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