Colombia - La Contraloría General de la República (CGR) ha desplegado acciones decisivas ante las posibles irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Carlos Mario Zuluaga, Vicecontralor en funciones, ha calificado estos hechos como de "impacto nacional" y ha anunciado medidas contundentes, incluyendo el embargo de bienes de los implicados, entre ellos Olmedo López Martínez, exdirector general de la UNGRD. La CGR, tras una exhaustiva investigación, ha revelado un presunto sobrecosto que supera los $7.760 millones en la adquisición de los carrotanques, señalando directamente la Orden de Proveeduría suscrita por López Martínez como el epicentro de estas posibles irregularidades.
Las acciones tomadas por la Contraloría no se limitan a señalamientos; se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra los exdirectivos de la UNGRD y los representantes legales de las empresas involucradas. Esta decisión implica investigaciones formales y la aplicación de medidas cautelares contra los exfuncionarios.
Hallazgos Clave de la Investigación:
- Presunto Sobrecosto: La Contraloría ha señalado un presunto sobrecosto que supera los $7.760 millones en la adquisición de los 40 carrotanques.
- Falta de Transparencia en Contratación: La UNGRD no presentó estudios previos ni de mercado para establecer el valor máximo de los carrotanques, generando dudas sobre la transparencia en el proceso de contratación.
- Vínculos Entre Empresas Cotizantes: Se han descubierto vínculos entre las empresas que presentaron cotización, arrojando sombras sobre la selección objetiva de proveedores.
- Uso de Decreto de Declaratoria de Desastre Nacional: El uso de este decreto para la contratación de los carrotanques ha generado controversia, especialmente porque estos permanecieron sin uso durante tres meses en La Guajira.
- Incumplimientos Contractuales: La UNGRD no cumplió con presentar estudios necesarios ni con un plan de acción específico para la logística y distribución adecuada del agua potable.
El informe de la Contraloría destaca estos hallazgos y subraya la necesidad de una gestión transparente y eficiente en los procesos de contratación pública. La investigación en curso buscará esclarecer las responsabilidades y determinar las acciones legales correspondientes para garantizar la integridad en la administración pública, mientras la Contraloría continúa tomando medidas enérgicas frente a estas posibles alegaciones.
