Colombia – El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los tres cargos que enfrentaba por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión de segunda instancia que cierra uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en Colombia.
La absolución en segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal revisó el fallo emitido en primera instancia por la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia, quien en mayo 2025 había condenado a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, señalando que su abogado, Diego Cadena, había intentado sobornar a testigos para que modificaran su versión a favor del expresidente. Con la decisión de segunda instancia, el tribunal revocó la condena y absolvió a Uribe, concluyendo que no se configuraron conductas delictivas comprobables en los tres cargos: dos por soborno y uno por fraude procesal.
El Tribunal evaluó detalladamente los elementos presentados en primera instancia, considerando la falta de pruebas directas que vincularan a Uribe con la manipulación de testigos y con las conductas de soborno y fraude procesal que se le imputaban. Se hizo especial énfasis en la improcedencia de algunas interceptaciones telefónicas y la insuficiencia de evidencia documental y testimonial que sostenía la condena inicial.↙️
Uribe inocente en caso de fraude procesal
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno y fraude procesal. El alto tribunal ratifica su inocencia en los casos Carlos Vélez y Eurídice Cortés.
Noticia en desarrollo— Al instante Redprensa (@Redprensacol) October 21, 2025
Además, el tribunal analizó la cronología de las audiencias, la manera en que se presentaron las pruebas y la coherencia de los testimonios de los testigos protegidos, concluyendo que no había indicios de participación activa del expresidente en las conductas delictivas. La sentencia subraya que la absolución se fundamenta en un examen riguroso de los hechos y en la correcta aplicación de la ley.
Contra esta decisión solo procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que puede ser interpuesto únicamente por causales estrictas de forma o de interpretación jurídica y no suspende los efectos de la absolución. Este recurso podría revisar aspectos legales, pero no se trata de una apelación ordinaria que afecte la vigencia del fallo.
El fallo también aclara que la absolución de Uribe no afecta investigaciones pendientes sobre terceros involucrados en el proceso, aunque redefine de manera clara el alcance de las acusaciones en su contra. La sentencia, extensa y documentada, examina minuciosamente audiencias, declaraciones y evidencia documental, estableciendo criterios claros para la valoración de pruebas en casos de alta complejidad.
Reacciones
Desde el anuncio de la absolución se conocieron diversas conocer en horas de la tarde y generó atención inmediata en sectores políticos y jurídicos del país. Diferentes analistas señalaron que la decisión resalta la importancia del debido proceso y la necesidad de evaluar la evidencia de manera objetiva en casos judiciales de relevancia nacional.
Sectores de la sociedad civil y abogados expertos en derecho penal han señalado que el fallo podría sentar un precedente en el manejo de procesos de alto perfil, especialmente en lo relativo a la utilización de interceptaciones y testimonios de testigos protegidos. La decisión consolida la absolución en segunda instancia y demuestra la capacidad de la justicia para corregir posibles errores de primera instancia, sin emitir juicios de valor ni interpretaciones políticas sobre el expresidente.
Origen del proceso judicial
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez se originó en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó denuncias sobre la presunta vinculación de Uribe con paramilitares, basadas en testimonios de exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Juan Guillermo Monsalve y Alberto Guerrero. Estos testimonios señalaban supuestas relaciones del expresidente con el Bloque Metro en Antioquia.
En respuesta a estas denuncias, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. No obstante, en 2018 la Corte archivó la denuncia contra Cepeda y abrió investigación contra Uribe, tras encontrar indicios de que su entorno habría intentado influir en testimonios a favor del expresidente. Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación luego de la renuncia de Uribe a su curul en el Senado en 2020, modificando la competencia judicial y el curso del proceso.
Durante el desarrollo del proceso, se llevaron a cabo numerosas diligencias y audiencias, con la recopilación de testimonios de exparamilitares, abogados y exfuncionarios. Se discutieron aspectos legales complejos, como la legalidad de interceptaciones telefónicas y la valoración de testimonios protegidos. Todos estos elementos fueron determinantes en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la condena y absolver al expresidente.
La secuencia del proceso y la revisión de la evidencia por parte del Tribunal consolidan un marco claro de criterios jurídicos, mostrando la relevancia de la transparencia y la correcta aplicación de la ley en procesos de alto perfil, reforzando la confianza en la estructura judicial del país.
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