Santa Marta – La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente acusación contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por presuntas irregularidades en el contrato N°480 de 28 de octubre de 2015, destinado a la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira. Los delitos imputados son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los elementos materiales probatorios revelan posibles anomalías en la ejecución y trámite del contrato. "Los pliegos de condiciones fueron direccionados para favorecer a un contratista específico", indicó la Fiscalía, y añadió que el proyecto presentó "plazos irrealmente cortos y sobrecostos sin soporte técnico".
El contrato inicial, con un valor de $2.682’393.503, contemplaba un plazo de dos meses y tres días, un término considerado insuficiente para la magnitud de las obras. Durante la ejecución se aprobaron cinco prórrogas que sumaron 525 días adicionales, extendiendo la entrega final desde diciembre de 2015 hasta el 11 de abril de 2019. La liquidación definitiva del contrato se realizó el 7 de marzo de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía, se identificaron irregularidades graves en la planeación y ejecución de la obra: ausencia de estudios previos idóneos, licencia de construcción obtenida casi dos años después de iniciada la obra, y un desfase presupuestal que sumó $1.340’536.123 al valor inicial, sin justificación técnica ni estudios de mercado, generando un posible detrimento patrimonial de $690’951.949.
"Este caso evidencia un manejo deficiente de recursos públicos y presunto direccionamiento de contratos", aseguró el fiscal a cargo de la investigación. Los documentos probatorios incluyen registros de las prórrogas, informes técnicos y análisis financieros que sustentan la imputación.
El contrato de adecuación del Coliseo de Gaira debía mejorar las instalaciones deportivas y cumplir con estándares de seguridad y funcionalidad. Sin embargo, según la Fiscalía, la planeación inicial fue deficiente, con plazos irreales y ausencia de estudios técnicos completos.
El retraso acumulado de más de tres años entre la fecha de entrega prevista y la finalización de la obra se suma al cuestionamiento sobre la administración de los recursos. La obtención tardía de la licencia de construcción, casi dos años después del inicio de las labores, se suma a la lista de irregularidades formales.
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"El valor del contrato se incrementó de manera injustificada, desconociendo los principios de economía y responsabilidad administrativa", precisó la Fiscalía. El sobrecosto totalizó $4.022’929.626, incluyendo las adiciones sin soporte técnico.
El exalcalde Caicedo Omar ha sido formalmente citado a la audiencia preparatoria de juicio, programada para el 3 de diciembre de 2025 por disposición del juez penal del circuito de conocimiento de Bogotá. Hasta que no exista sentencia firme, el exalcalde mantiene la presunción de inocencia.
Implicaciones legales y financieras
El caso resalta la importancia de cumplir con requisitos legales y técnicos en la contratación pública. Los sobrecostos y el posible direccionamiento de contratos representan, según la Fiscalía, un riesgo significativo para los recursos del Estado. Fuentes judiciales destacan que las pruebas recabadas incluyen actas de reuniones, informes técnicos, registros de pagos y documentos que evidencian las irregularidades contractuales. La investigación se sustenta en pruebas documentales que, según los fiscales, respaldan la imputación de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
"Se identificaron sobrecostos sin soporte técnico ni estudios de mercado y presunto favorecimiento a un contratista específico", reitera la Fiscalía, reforzando la magnitud del caso y su impacto financiero.
La acusación genera un impacto relevante para la ciudad de Santa Marta y la región del Magdalena, al evidenciar presuntas fallas en la administración pública local. El caso ha captado la atención de los medios nacionales por el volumen del contrato, el tiempo de ejecución y las irregularidades detectadas.
Especialistas en derecho administrativo señalan que situaciones como esta refuerzan la necesidad de auditorías constantes y transparencia en la contratación pública para evitar detrimentos patrimoniales y direccionamiento de contratos.
Cronología resumida del contrato: firma del contrato N°480 el 28 de octubre de 2015, plazo inicial de dos meses y tres días, cinco prórrogas sumando 525 días, entrega final 11 de abril de 2019, liquidación definitiva 7 de marzo de 2022, audiencia preparatoria de juicio 3 de diciembre de 2025.
La Fiscalía mantiene vigilancia sobre la evolución del proceso y asegura que se continuará con la recolección y verificación de pruebas para garantizar la correcta administración de justicia.