Barranquilla – La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por la presunta inejecución de una sanción disciplinaria contra el actual rector de la Universidad del Atlántico, un castigo registrado y vigente que, según el ente de control, no se habría aplicado antes de su nombramiento oficial.
La actuación disciplinaria apunta a servidores indeterminados de la Universidad del Atlántico, quienes tendrían responsabilidad en no haber hecho efectiva la sanción impuesta a Rafael Ángel Castillo Pacheco, hoy rector de la institución, pese a existir un fallo ejecutoriado y registrado en los sistemas oficiales de control.
La investigación se centra en una suspensión de cuatro meses que fue ordenada mediante un fallo del 21 de febrero de 2025. Esa decisión disciplinaria quedó formalmente registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo del mismo año, según el insumo oficial conocido.
A pesar de ese antecedente, Castillo Pacheco fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico el 17 de diciembre de 2025. Esa secuencia temporal es el eje del proceso abierto por el Ministerio Público, que ahora busca esclarecer por qué la sanción no se ejecutó antes de que se produjera el nombramiento.
El caso no apunta, por ahora, a una conducta individualizada. La Procuraduría abrió la indagación previa contra servidores indeterminados con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas en el eventual incumplimiento del fallo disciplinario.
Una sanción vigente que no se ejecutó
De acuerdo con el insumo, el Ministerio Público indaga si existió un incumplimiento en la aplicación de la sanción disciplinaria contra Castillo Pacheco. La pregunta central es por qué, estando suspendido por cuatro meses, pudo asumir el cargo de rector sin que se materializara el castigo impuesto.
El fallo que ordenó la suspensión fue proferido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación. Al tratarse de una decisión de segunda instancia, su cumplimiento era obligatorio una vez ejecutoriada.
La Procuraduría sostiene que, pese a la claridad del fallo, la sanción no se habría hecho efectiva. Esa omisión es la que ahora se examina desde el punto de vista disciplinario, no solo por sus efectos administrativos, sino por las posibles consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados.
En este tipo de actuaciones, la indagación previa cumple una función clave. Permite al ente de control verificar los hechos, recaudar pruebas iniciales y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal contra personas plenamente identificadas.
El expediente busca establecer si la sanción estaba vigente al momento del nombramiento y si los responsables de ejecutarla omitieron sus deberes funcionales, ya sea por acción u omisión.
Pruebas y responsabilidades en evaluación
Como parte de la actuación, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas. Estas diligencias están orientadas a aclarar las circunstancias administrativas y jurídicas que rodearon el cumplimiento del fallo disciplinario.
El objetivo explícito de esta fase es individualizar a los servidores responsables de un posible incumplimiento de deberes. La indagación no prejuzga, pero sí delimita un escenario en el que la omisión de una sanción puede derivar en nuevas responsabilidades disciplinarias.
En el ámbito del derecho disciplinario, la inejecución de una sanción ejecutoriada puede constituir una falta grave, en la medida en que afecta la eficacia de las decisiones del ente de control y compromete el principio de legalidad.
El análisis también se enfoca en los procedimientos internos de la Universidad del Atlántico, particularmente en los mecanismos administrativos encargados de verificar antecedentes disciplinarios y de garantizar el cumplimiento de fallos sancionatorios.
La Procuraduría busca determinar si existieron fallas en esos procedimientos o si hubo decisiones conscientes que permitieron que la sanción no se aplicara en los términos ordenados.
El caso adquiere relevancia adicional porque involucra al rector de una universidad pública, una figura con responsabilidades directivas y administrativas que exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales y disciplinarios.
La actuación disciplinaria en curso no cuestiona el contenido del fallo sancionatorio original, sino su ejecución material. Ese matiz define el alcance del proceso y delimita las responsabilidades que podrían derivarse.
Desde el punto de vista procesal, la indagación previa es una etapa reservada, orientada a verificar hechos concretos antes de adoptar decisiones de fondo. Solo con base en las pruebas recaudadas se definirá si hay lugar a imputaciones disciplinarias.
El desarrollo del caso dependerá de los resultados de las pruebas ordenadas y de la capacidad del ente de control para establecer una línea clara de responsabilidad administrativa.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al instante! ►▓▓◄
La Procuraduría no ha informado, por ahora, plazos específicos para la conclusión de esta fase preliminar, ni ha identificado públicamente a los funcionarios que podrían estar comprometidos.
Lo que sí queda claro en el insumo es que el proceso apunta a esclarecer una posible ruptura entre la decisión disciplinaria y su ejecución, un punto sensible en el control de la función pública.
La indagación previa marca el inicio de un examen jurídico que pone bajo la lupa la forma en que se aplican las sanciones disciplinarias y el grado de cumplimiento que tienen dentro de las entidades públicas.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
